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Una vez más, la familia Chavarría Alonso, agredida en 2008 por grupos progobierno, quedó plantada ayer ante las autoridades judiciales, ya que los acusados no se presentaron, porque los notificadores judiciales argumentaron que no dieron con sus domicilios, aseguró la juez suplente María Mercedes Rocha.

La ausencia de los acusados Pedro Amílcar Orozco, Manuel de Jesús Orozco García, Frederman Arquímedes Valle Urbina, Julio César Ríos García, Erick Saúl Ríos Juárez, Byron Ulises Vado Espinoza y Manuel Tenorio, supuestos miembros del Consejo del Poder Ciudadano del barrio Quinta Nina, significa para el perjudicado Jaime Chavarría, una burla más del sistema judicial del país.

“¿Cómo no van a dar con las direcciones si son tomadas de las cédulas de ellos? Lo que pasa es que siguen siendo protegidos por el gobierno para que no los acusen, después de año y medio de sucedidas las agresiones”, expresó Jaime Chavarría, ex fiscal electoral del Partido Liberal Constitucionalista.

Solicitarán orden de captura

Después de esperar hora y media en los pasillos de los Juzgados de Managua, la familia Chavarría Alonso fue llamada a audiencia, pero los acusados no llegaron.

“Aquí dice (en el expediente) que los oficiales notificadores no dieron con la dirección domiciliar de los acusados, así que hay que volver a dar las direcciones con puntos de referencia, para citarlos nuevamente y programar a una nueva audiencia”, explicó la juez Rocha.

Ante tal situación, el abogado de los agredidos, Tulio Marenco, aseguró que solicitará mediante escrito, la orden de captura de los imputados, adjuntando copia de la cédula de identidad, donde aparece la dirección exacta de los acusados.

“Voy a meter un escrito exigiendo orden de captura, porque la Ley de Identificación Ciudadana dice que tenés un domicilio, y si vos vas a cambiar de domicilio, tenés la obligación de reportarlo al Consejo Supremo Electoral. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Vamos a poner fotocopia de la cédula de ellos, que ahí aparece su dirección”, expresó Marenco.

Según Chavarría, ellos están dando una oportunidad al Poder Judicial para que demuestre que en este país sí hay justicia, pero que empezaron mal.

Los supuestos CPC son acusados por lesiones graves, daño agravado y exposición de personas al peligro en perjuicio de Jaime Chavarría e hijos. Los hechos ocurrieron en julio de 2008, durante la verificación ciudadana, antes de las elecciones municipales de ese año.

Según la acusación, los señalados golpearon con un tubo a Jaime Chavarría, causándole una herida que ameritó 15 puntadas. Otro tubazo le rompió dos costillas y le perforó un pulmón.

A su hijo mayor, Jaime Chavarría, de 29 años, le dejaron caer en la cabeza un adoquín. El golpe le provocó una herida que ameritó 25 puntadas y le dejó una lesión permanente en los oídos. Este hecho ocurrió el 27 de julio de 2008 en el barrio Quinta Nina, de Managua.

La familia aseguró que viven acechados por los agresores, y que incluso Byron Ulises Vado Espinoza llegó ayer a los Juzgados y no se presentó ante la juez.