•  |
  •  |
  • END

Una vez más, la suerte de la oposición está en duda. La iniciativa de ley de nulidad del Decreto Ejecutivo 03-2010, que prorroga inconstitucionalmente los cargos en diversas instituciones y poderes del Estado, se tambalea ante la vacilante posición de los diputados opositores en el Parlamento. La iniciativa fue presentada ante la Primera Secretaría, únicamente con la firma de tres jefes de bancadas, mientras que los jefes de los otros dos grupos legislativos no la respaldaron.

El jefe de la Bancada Unidad Nicaragüense, BUN, Guillermo Osorno Molina, señaló que sus colegas opositores ni siquiera lo invitan a las reuniones, y tampoco le pidieron su apoyo. De una manera diplomática, Osorno rechazó su apoyo a la iniciativa una vez que llegue al plenario, alegando que para eso ya se conformó la Comisión Especial que nombrará a los funcionarios, cuyos plazos se vencen en el transcurso de este año.

Por su parte, el jefe de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Ramiro Silva Gutiérrez, no ha dado una explicación de por qué, a última hora, decidió no firmar la iniciativa, siendo que había comprometido su respaldo con sus colegas de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Adolfo Martínez Cole; del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Ramón González Miranda; y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, quienes sí firmaron la propuesta.

Ruiz Jirón aguarda en la Comisión de Justicia

Estas tres bancadas juntas no completan 47 votos para aprobar la iniciativa de ley en el plenario, eso sin contar que la misma debe pasar mañana martes a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos a la espera de un dictamen. Ahí se enfrentará al boicot de los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, quienes junto al legislador Alejandro del Carmen Ruiz Jirón podrían evitar el quórum para reunirse, bloqueando el proceso de consultas y posterior dictamen, como lo hicieron con la iniciativa de Ley de Nulidad de las Elecciones Municipales de 2008.

La correlación

El Frente Sandinista cuenta con sus incólumes 38 diputados, aunque dos de ellos han emitido opiniones contrarias al “decretazo”. Miriam Argüello Morales y Agustín Jarquín Anaya rechazaron las pretensiones inconstitucionales del presidente Daniel Ortega, alegando que no tiene facultad para prorrogar los cargos cuyos plazos se hayan vencido o estén por caducar.

En todo caso, ambos podrían ausentarse durante la votación como lo hicieron con la resolución legislativa aprobada el año pasado, mediante la cual, una pírrica mayoría de 46 diputados rechazó la validez de la denominada “Sentencia 504”, emitida por seis magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, permitiendo que Ortega fuese candidato en las elecciones de 2011, pese a que el artículo 147 de la Constitución se lo prohíbe.

Los diputados de la BUN, Guillermo Osorno Molina, Mario Valle Dávila, Ana Julia Balladares, Carlos Fernando Olivas Montiel y Juan Ramón Jiménez tampoco votarían, aunque la posición de Jiménez es fácil de adivinar, considerando que, en su calidad de tercer vicepresidente del Parlamento, votó en contra de la resolución de Junta Directiva que el pasado martes rechazó el “decretazo”.

Además, Osorno Molina también definió su posición, al sugerir que no tiene caso votar a favor de una ley que anule el “decretazo”, considerando que ya está nombrada la Comisión Especial para iniciar el proceso de nombramientos. Osorno opina que el presidente Ortega ha violado la Constitución Política al prorrogar los cargos sin estar facultado para ello, pero no cree que sea una buena idea aprobar una ley que anule su decreto, “porque las cosas no se resuelven con posiciones de fuerza”.

Para Osorno, conformar la Comisión Especial y nombrar a los funcionarios es la mejor solución al conflicto que se ha creado con el “decretazo”; además, considera que es la manera idónea de “rechazar” los efectos del controversial decreto ejecutivo.

De ALN no se espera mucho

De los diputados de ALN no se puede esperar mucho, en diversas ocasiones han “capeado el bulto” para no apoyar determinadas iniciativas, incluyendo la Ley de Nulidad de las Elecciones Municipales de noviembre de 2008 que, precisamente, por el boicot de los legisladores del FSLN en contubernio con Alejandro Ruiz Jirón, el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, decidió el viernes pasado devolverla a la Junta Directiva para someterla directamente al plenario.

El martes de la semana pasada, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, y el jefe de la BDN, Adolfo Martínez Cole, no pudieron asegurar con certeza si cuentan con los 47 votos para anular el decreto mediante ley. El mismo diputado José Pallais, quien acompañó la presentación de la iniciativa, se mostró contrariado y hasta molesto con su colega de ALN, Ramiro Silva, por no firmar la iniciativa a última hora.

Una resolución sin efectos jurídicos
La oposición vio como un triunfo la resolución de Junta Directiva 002-2010, aprobada el martes pasado con cuatro votos a favor y tres en contra, mediante la cual, el cuerpo colegiado del Poder Legislativo rechazó el “decretazo”; sin embargo, esta resolución no tiene ningún efecto jurídico, por lo que el Decreto Ejecutivo 03-2010 emitido por el presidente Daniel Ortega el sábado nueve de enero continúa vigente, independientemente de si es inconstitucional o no.

Algunos juristas consideran que para que la resolución tuviese efecto jurídico, debió someterse a votación en el plenario, para así convertirla en una figura legal válida. Para el constitucionalista y ex presidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, el “decretazo” sólo se podrá anular si se aprueba la Ley de Nulidad o si la resolución de la Junta Directiva es sometida a votación en el plenario, de lo contrario, todo quedará en un “rechazo moral”, más que jurídico.

¿Qué efectos jurídicos tiene la resolución de la Junta Directiva sobre el “decretazo”?
Solamente es un pronunciamiento de la Junta Directiva, pero no de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, para que sus pronunciamientos o decretos tengan mayor cuerpo, tienen que ser aprobados por el plenario.

¿Es decir que esta resolución 002-2010, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, no causa ningún efecto jurídico?
No, solamente tiene un efecto moral.

¿Significa esto que los esfuerzos de la oposición deben ahora centrarse en la aprobación de la Ley de Nulidad, cuya iniciativa presentaron la semana pasada?
Así es.

¿Esa Ley de Nulidad ya tendría algún efecto legal sobre el Decreto Ejecutivo?
Claro, porque es una disposición oficial del Parlamento nicaragüense, de la Asamblea Nacional como órgano colegiado.

¿Por qué la Junta Directiva habrá emitido esta resolución y no la sometió al plenario si es que con sólo eso se hubiese anulado el decreto?
Habría que ver. Lo más adecuado es que la Asamblea Nacional, si realmente quiere hacer su labor, si realmente quiere defender las facultades del Parlamento, tendría que hacerlo o a través de una resolución y mucho mejor a través de una ley que apruebe el plenario de la Asamblea Nacional.

¿Hubo a falla de los diputados en ese aspecto?
Yo diría que sí.