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Al referirse a las reformas de 1995, recuerda que en ese año “se plantearon las reformas constitucionales y se decidió en la UNO entrar en conversaciones con el Frente Sandinista para formular un proyecto de reformas constitucionales”.

Una de las consecuencias de esa reforma fue la eliminación de los decretos ley de la Presidencia de la República y la reelección presidencial continua. He aquí las preguntas que Carlos Fernando Chamorro hizo a la diputada sobre el controversial decreto presidencial de hace una semana.

¿Cuál es su reacción sobre el decreto que da prórroga en la permanencia en sus cargos de los magistrados de los poderes del Estado?
Considero que el decreto es inconstitucional, porque la Constitución establece claramente la separación de poderes, sus atribuciones, y que los poderes del Estado, dice el artículo, se manejan armoniosamente entre sí, se coordinan armoniosamente entre sí, poniendo por encima los intereses supremos de la nación. Cuando se dice “se coordinan armoniosamente”, los pone en un plan de igualdad, o sea, todos ellos en conjunto, no establece ninguna supremacía de uno de los poderes del Estado para coordinar a los otros poderes del Estado.

En su decreto, el presidente Ortega cita artículos de la Constitución que, según dicen, a él le corresponde la responsabilidad de armonizarlos.

Creo que él (Ortega) se refiere al artículo 129 de la Constitución, donde habla de la coordinación armónica de los poderes del Estado, pero (ese artículo) dice que los poderes del Estado se coordinan armónicamente, no dice que uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, coordinará para mantener la armonía de los poderes del Estado. Creo que ahí, no sé, o es un lapsus del presidente, o podría ser que haya una mala asesoría jurídica en la Presidencia de la República. También más adelante creo que el presidente dice que a él le corresponde hacer que se cumplan la Constitución y la ley, pero la realidad es que al artículo dice que todo aquello que está bajo su competencia, o sea bajo la competencia del Poder Ejecutivo, que tiene determinadas atribuciones de acuerdo con la Constitución, pero no interferir en las atribuciones de los otros poderes del Estado.

Si ese decreto no tiene fundamento jurídico constitucional, ¿tendría acaso algún fundamento político? El presidente dice que es para evitar el caos y el vacío entre poderes “yo estoy poniendo este decreto”, y alguna gente lo interpreta y dice que está haciendo un acto político.

A mi criterio, ningún acto político puede estar sobre lo que establece la Constitución y la ley, para eso tenemos una Constitución que es la ley fundamental del Estado, para esos tenemos leyes que cumplir. Si nosotros queremos que eso se cambie, pues tienen que hacerse por los mecanismos que la propia Constitución establece, o sea, reformando, sea la Constitución, sea la ley, siempre y cuando esa ley no contradiga lo que dice la Constitución. Por mucha buena voluntad que tenga el presidente, no lo puede hacer, no tiene la potestad de hacerlo.

Le falló la lógica a la Asamblea

Argüello considera que cuando se trata de la elección de los magistrados de los diferentes poderes del Estado y de otras instituciones públicas, la Asamblea debe prever ese proceso y convocar a la comisión especial encargada para cumplir a tiempo.

“Eso no es que te lo diga la Constitución, pero la lógica te lo dice: que si hay unas personas que tienen un período y que van a ejercer una función especialmente en los poderes del Estado, también en las otras instituciones, pues la Asamblea Nacional debe de calcular los tiempos para efecto y hacer su convocatoria oportunamente”, señaló.

Argüello y la Convergencia

La diputada Argüello es de las personas que dicen lo que no les gusta, exponiendo sus razones, aun a sus aliados políticos, y sobre todo si se trata de violaciones a la Constitución Política.

Usted como diputada de la Convergencia Nacional es aliada del partido de gobierno, supongo que estos comentarios que está haciendo aquí públicamente, su criterio sobre este decreto, se los habrá transmitido también a sus aliados, ¿qué reacción tienen ellos sobre esta actuación independiente de usted, apegada a la Constitución?
Definitivamente, cuando yo considero que hay situaciones con las que no comparto los criterios, sobre todo cuando se trata de un asunto que violenta la Constitución y la ley, yo soy muy clara con ellos y yo se los manifiesto, se los digo claramente y les doy mis razones, y en ese sentido, incluso, les manifiesto que si se llega el momento de tener que votar por esa cosa, yo no pondría el voto favorable, y así lo he hecho en determinadas circunstancias”.

Esta posición que usted está externando sobre este decreto es coherente con su punto de vista sobre otros acontecimientos, por ejemplo, la resolución que emitió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para declarar no aplicable el artículo de la Constitución que establece la no reelección…
Definitivamente. Yo considero que es una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional reformar la Constitución, y lo que la Corte Suprema hizo fue reformar la Constitución, para lo cual no tiene ninguna atribución la Corte Suprema. En eso yo fui muy clara, en eso yo me manifesté, incluso en el plenario.

Argüello aseguró que pese a que la Constitución establece el derecho ciudadano a elegir en comicios periódicos, libres, secretos y universales, la misma Carta Magna, según sus reformas de 1995, es clara respecto a la no reelección.

Tras haber señalado los problemas, Chamorro le preguntó por las soluciones, pero Argüello no ve ninguna luz al final del túnel mientras los poderes del Estado estén “partidizados”.

¿Qué salida le ve a la situación actual? Respecto del tema de la renovación, conformación, cambio en los poderes del Estado, hay una crítica generalizada de la sociedad civil, de diferentes sectores sobre la excesiva partidización que domina los poderes del Estado. Hay gente que dice: “Con ese Consejo Electoral no se puede ir a unas elecciones confiables y aceptables en 2001, sobre todo por el fraude electoral que se llevó a cabo en 2008”.

Dividamos tu pregunta en dos cosas. Una, relacionémosla con los actuales magistrados, tanto del Consejo Supremo Electoral como de la Corte Suprema de Justicia. Por sus acciones podés calificarlos, demostraron ya que no son capaces de actuar de una manera imparcial en lo que les corresponde actuar, entonces, para mí, esos magistrados que pretendan reelegirse no contarán con mi voto, ninguno de ellos. Ahora, en cuanto a lo que debe hacerse a futuro en relación con la elección de magistrados, yo diría que mientras en Nicaragua haya partidización en los poderes del Estado, independiente del Poder Legislativo que es el poder político por excelencia, donde está la representación política de los diferentes partidos políticos, jamás aquí en Nicaragua se va a poder caminar y enrumbar a nuestro país en lo correcto.

¿Está de acuerdo con lo que proponen algunos, sobre que se haga una elección en combo? Dicen que se elijan ya, incluso a los que no se les ha vencido el período.

En primer lugar, tienen que cumplir el período porque así manda la Constitución. Y punto y aparte, quiero decir que hay un vacío en la Constitución, en la que no se establecen las causales de destitución de esos magistrados, se establecen las obligaciones que tienen, y no sólo los magistrados, sino otras instituciones del Estado, pero no hay una ley que establezca el procedimiento de destitución, y yo creo que esa es una de las cosas que debe hacerse: la ley de procedimiento de destitución de los funcionarios del Estado cuando ellos violenten lo que la Constitución les manda. Por otro lado, eso de elección en combo es inconstitucional, porque la Constitución manda elegir uno por uno. Dice, presentar lista, el Presidente de la República puede presentar lista de candidatos, y los diputados presentar lista y luego consultar con la sociedad civil.

Convergencia está muerta

¿Ese criterio que usted está expresando es un posición individual o representa el punto de vista de la Convergencia, de otros diputados de la Convergencia como Agustín Jarquín?
Cuando hablamos de la Convergencia, pues sencillamente yo creo que la mataron. Para mí, la Convergencia como tal ya no existe, porque cuando un grupo ya no se reúne, ya no conversa sobre la situaciones con los aliados y todo eso, prácticamente ya está muerto, entonces los que estamos ahora somos unos diputados que salimos ahí a través de la Convergencia, de la Alianza Convergencia y que estamos ahí sentados por un período.

La diputada dijo que si hubiera sabido que iban a presentarse casos como la resolución de la Sala Constitucional de la CSJ y el decreto presidencial del 10 de enero, no se hubiera comprometido en esta alianza, pues asegura que está “convencida por la historia de Nicaragua, de lo dañino que es la continuidad en el poder de la misma persona, porque en la naturaleza humana, el poder es algo que enferma, que se apodera de la persona, y entiendo yo que hay que cortar ese hilo del poder.

Al final de la entrevista, Arguello hizo una propuesta pública a los partidos políticos: “En este momento los partidos políticos tendrían que hacer un sacrifico por Nicaragua, desistir de las cuotas, de las repartideras. Yo creo que en este caso es la ciudadanía nicaragüense la que tiene que presionar a las cúpulas políticas de ambos sectores para elegir y buscar ciudadanos idóneos, e idóneos significa para mí, en este momento, personas que se respeten a sí mismas, porque el que no se respeta a sí mismo, no respeta a los demás (…) que en el momento de actuar pospongan los intereses partidarios a los intereses de la nación (…) escoger a esas personas, porque si eso no se hace, hoy hay este problema y van a elegir a otros en las mismas condiciones, dentro de cuatro años vamos a estar en la misma situación que nos encontramos en este momento”.