Luis Galeano
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Los contralores aprobaron la realización de una auditoría especial en el Consejo Supremo Electoral, CSE, para conocer a fondo el convenio de pago firmado por su titular, Roberto Rivas, y el presidente Ejecutivo del INSS, Roberto López, por una deuda de casi 27 millones de córdobas, que se dedujeron a los trabajadores de ese poder del Estado de sus cuotas obrero patronales, pero que no se enteraron al Seguro Social.

El presidente de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, informó que la decisión fue tomada por unanimidad de los miembros del Consejo Superior, que consideraron indicado conocer en detalle el asunto del acuerdo de pago, que según denuncia del jubilado Jorge Toledo Aguilar, constituye un daño al patrimonio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, y viola abiertamente la Constitución y otras leyes.

“Decidimos practicar una auditoría en relación con ese acuerdo de pago firmado entre el licenciado Rivas y el doctor Roberto López, para ver si lo denunciado por el señor Toledo, tiene alguna razón”, dijo Argüello.

En la misma reunión, los colegiados decidieron por mayoría de votos denegar la petición del denunciante Toledo de obtener una copia del contrato de pago, porque consideraron innecesario que dicho documento salga de las manos institucionales a particulares.

De acuerdo con la denuncia, el 28 de marzo de 2007 se firmó escritura con valor de 26 millones 928 mil 023.87 córdobas, estableciendo convenio de pago entre el capitán retirado Roberto José López Gómez, en representación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y Roberto Rivas Reyes, en su calidad de presidente del CSE.

Según la denuncia, la firma de ese acuerdo de pago evidencia la violación de la Ley 477, Ley General de Deuda Pública, artículo 4; de la Ley 550, de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, de la Ley 641, Código Penal, Capítulo III, Delitos contra la Seguridad Social.

El artículo 313 del citado Código establece la figura de Fraude a la Seguridad Social: “El empleador que habiendo deducido y retenido a sus trabajadores la cuota laboral de seguridad social, no la entere a la institución correspondiente, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión”.

Querían que Rivas de autoinvestigara

El contralor Argüello Poessy llamó la atención sobre un detalle importante, y es que la Dirección General Jurídica, del ente fiscalizador, había recomendado que el análisis financiero lo practicara el auditor interno del CSE, algo a lo que él se opuso porque estimó no conveniente.

“La entidad que tomó el dinero de la cuota del Seguro de los trabajadores, y, al parecer, no lo aportó al INSS, es el CSE, y es ahí donde se puede encontrar las evidencias de esa denuncia”, indicó Argüello Poessy.

“La Dirección Jurídica había recomendado que el trabajo de auditoría lo hiciera el auditor interno, pero yo me opuse y los demás me acompañaron, porque ese funcionario fue nombrado por el magistrado Rivas, por eso no es conveniente, y se aprobó que la hagamos nosotros”, agregó.

Toledo: “Una de cal y otra de arena”

El denunciante Jorge Toledo, al conocer de las decisiones tomadas por los colegiados, dijo no extrañarse de la negativa de entregarle el contrato, pues consideran que es “peligroso” que la evidencia de lo acordado entre Rivas y López, sea conocida en detalle por la población. “Es absurdo e ilógico que no quieran dar copia de un documento que es público, y que en algún momento podría salir del mismo CSE, del INSS, en la Contraloría, y alguien en algún momento lo va a dar a conocer, de eso no quepa duda”, afirmó.

Sobre la segunda decisión, de realizar la auditoría, indicó que es bueno ver de vez en cuando, intenciones del ente fiscalizador de querer cumplir con la obligación y mandato constitucional que la rigen, aunque estimó prudente esperar el resultado del análisis que hagan los auditores.

“Hay intención (de los contralores) de querer recuperar su honor y tratar de cumplir con su juramento, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, porque de lo contrario no tendrían ni Dios ni Patria, y los héroes habrían luchado en vano, y el honor lo habrían perdido sin librar una sola batalla”, dijo el jubilado.

“Tengo esperanzas de que alguien por fin haga algo bueno y se ponga la mano en la conciencia por el medio millón de asegurados que hay en Nicaragua, pero hay que esperar el resultado de la auditoría”, concluyó.