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El Ministerio de Gobernación destituyó de sus cargos y dio de baja al Alcaide Ramiro Jáenz Castillo, Director del Sistema Penitenciario Regional de Occidente, con sede en Chinandega, y a Endilia Mairena, encargada de control de reos, por acatar la orden de libertad falsa que facilitó la fuga de Carlos Saúl Zúniga Pérez, de 30 años; César Augusto Jordán González, de 25, y Óscar Algeo Morales Hernández, de 38 años.

Esta información no fue negada ni confirmada por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien atendió a EL NUEVO DIARIO vía telefónica, pero inmediatamente alegó que no escuchaba y que había mala comunicación, para luego colgar y no volver a responder.

También llamamos al teléfono de María Antonieta Novoa, Directora de Migración y Extranjería, pero ésta no respondió. Su vocera, Magdalena Pineda, dijo que procuró comunicarse con su jefa para solicitar la información, pero al final todo quedó en excusas, método que han estado utilizando la mayoría de funcionarios de este gobierno.

La información sobre la destitución de los funcionarios fue dada a través de comunicado de prensa, donde también aseguran que puso a los investigados a la orden de la Policía Nacional.

Los narcos liberados estaban condenados a 20 años de cárcel por financiamiento al transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, y el año pasado se había celebrado la audiencia de casación en la Corte Suprema de Justicia, por lo que el expediente apenas estaba en estudio, aclaró en su momento el magistrado Armengol Cuadra, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los detenidos

La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía ayer mandó el expediente por el caso de la falsificación de una orden de libertad que favoreció la huida de tres narcos guatemaltecos en Chinandega, al Ministerio Público, MP, por lo cual detuvieron a cuatro personas que facilitaron la fuga de los reos.

Los detenidos por la Policía son: el abogado chinandegano Emilio José Molina Peña, quien llevó los documentos falsos al lugar para sacar a los detenidos; Ricardo Ernesto Polanco Alvarado, abogado originario de Managua, quien fue defensor inicial de los fugados; además, el alcaide Ramiro Jáenz Castillo, Director del Sistema Penitenciario Regional de Occidente, con sede en Chinandega, y María Endilia Mairena, encargada de control de reos.

“El caso se está pasando hoy a la Fiscalía por los delitos de Falsificación Material de Documentos Públicos, Facilitación de Evasión y Quebrantamiento de Sentencia, y la acusación se va a radicar en Chinandega”, explicó la comisionada Vilma González, segunda jefa de Relaciones Públicas de la Policía.

González dijo que los documentos utilizados para liberar a los narcotraficantes están en el Laboratorio de Criminalística de la Policía para determinar si la firma del secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, los membretes y símbolos usados fueron falsificados.

Funcionarios de migración implicados

Además, se conoció que tres oficiales de Migración y Extranjería están retenidos en Auxilio Judicial de la Policía Nacional, por supuestamente acompañar al abogado Emilio Molina Peña a sacar de la cárcel a los tres reos, y luego acompañarlo a dejarlos en la frontera de El Guasaule, para que no tuvieran problemas al salir del país. Tanto esmero por los narcos es porque no contaban con pasaportes, pues están bajo custodia de la PN.

La fuente ligada a la investigación aclaró que el acompañamiento que dieron los oficiales de Migración no es normal, ya que el procedimiento normal es que Migración extienda un salvoconducto para presentarlo en la frontera a la hora de salir del país.

“El salvoconducto se extiende sí y solamente sí la CSJ gira un oficio a esta institución, informándole sobre la resolución judicial del caso, y solicitando que haga su parte en el proceso”, explicó la fuente.

La comisionada González reiteró que sólo están detenidas las cuatro personas mencionadas. “Yo pregunté sobre eso y no me respondieron nada al respecto, pues me dijeron que no, que esos cuatro son las únicas personas que tenían detenidas”, aseveró.

Las destituciones y bajas deshonrosas de funcionarios públicos producto de la investigación sobre la falsificación de una orden de libertad que favoreció la huida de tres narcos guatemaltecos en Chinandega, continuarán.

En la Corte

Las investigaciones y entrevistas continuaron ayer en la Corte Suprema de Justicia, ya que ayer le tocó al magistrado Armengol Cuadra, luego sigue el personal de la Sala Penal. El miércoles pasado entrevistaron al doctor José Antonio Fletes, y se llevaron la prueba de caligrafía, ya que fue la firma de éste la que se falsificó en la orden de libertad.

También hay una constancia emitida por María Auxiliadora Calderón, de servicios generales de la CSJ, donde hace constar que en el control de visita del 18 de diciembre de 2009 no aparece registrado Emilio Molina Peña, abogado de los narcos; por tanto esa orden no pudo ser emitida ese día por la CSJ.

Narcotráfico penetró sistema de justicia

Roberto Orozco, experto en temas de seguridad del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), afirmó que este organismo coincide con la aseveración que en diferentes momentos ha realizado la Policía: que la corrupción dentro del Poder Judicial ha permitido que el narcotráfico lo haya penetrado.

“Otro aspecto que hay que valorar, sin duda, es la corrupción a nivel institucional que tiene ese Poder de Estado, no estoy hablando sólo de la Corte Suprema de Justicia que es una estructura de nuestro sistema judicial, sino de todo el sistema judicial, partiendo de los tribunales de primera instancia hasta los tribunales de casación, o de máxima instancia que son los tribunales de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Orozco.

En su análisis, el experto del IEEP dijo que estos casos, donde los únicos beneficiados son los narcotraficantes y quienes los ayudan, son cíclicos. “Yo estoy seguro de que dentro de un año, de dos años, dentro de 14 meses, va a volver suceder porque nadie está poniendo el dedo en la llaga”.

Por otra parte, Orozco dijo que el nuevo Código Procesal Penal vino a favorecer a los narcotraficantes, debido a que les reduce el período para pagar las penas judiciales. “Eso implica un beneficio directamente para los reos que estaban presos por narcotráfico… eso no es un problema de la CSJ, no es un problema de los magistrados, porque es un problema del sistema judicial porque así fue concebido en la Asamblea Nacional”, aseveró.