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SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN

Tras ser declaradas culpables dos personas que comercializaban con tierras en la Reserva Indio Maíz, el delegado del Marena en Río San Juan, Gabriel Aguirre Marín, expresó su satisfacción con el Poder Judicial, porque “Nicaragua tiene derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible, y no vamos a permitir que persona inescrupulosas engañen a la gente para destruir lo que represente el pulmón de nuestra nación”.

El delegado del Marena dijo que el juez Félix Sequeira, al declarar culpables a José Heriberto Rivera Tórrez y Anselmo Amador por los delitos de usurpación al dominio público, estelionato y tala de bosque en pendientes y vertientes en bosque, está sentando un precedente, puesto que cualquier individuo que se atreva a invadir y causar daños a esa área protegida tendrá que rendir cuenta ante la justicia.

El funcionario se hizo acompañar de Mariela Díaz, también delegada de esa institución en la zona de El Castillo, donde se extiende la Reserva
Tres de los acusados enfrentaron un jurado técnico en el Juzgado Local Único de El Castillo, donde la Procuraduría General de la República (PGR) presentó las pruebas incriminatorias contra los procesados que fueron capturados en un operativo conjunto realizado en noviembre del pasado año, entre la Policía, el destacamento militar Sur, Marena, Procuraduría y Ministerio Público.

Imponen pena conmutada

En el jurado, el judicial encontró culpables a Rivera Tórrez y a Amador, y sobreseyó a José Ramón Herrera Guadamuz. Según el delegado del Marena, los elementos técnico jurídicos presentados por la Procuraduría permitieron la sentencia condenatoria, pero acordaron imponer una pena conmutada, es decir, que ambos podrán obtener la libertad con el compromiso de desalojar el área que mantuvieron ocupada.

Aguirre explicó que en el caso de José Heriberto Rivera Tórrez, quien fungía como directivo de las familias que años atrás fueron asentadas en Samaria, y a quienes el Gobierno reubicará fuera de la Reserva, se demostró que comercializaba con las tierras, extendiendo un aval para que los lugareños vendieran a los depredadores de bosque y, por supuesto, se quedaba con su “tajada”.

Refirió que mantienen un plan de preservación y conservación de la reserva, y alertó a los que han pretendido penetrar desde Nueva Guinea o desde territorio costarricense, que si se atreven, serán encarcelados. “Para ello mantenemos inspección y patrullaje constantes con nuestros guardabosques y efectivos del destacamento militar sur del Ejército de Nicaragua”, apuntó.