Róger Olivas
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A las 11:30 de la mañana del 18 de diciembre de 2009, cuando los empleados del gobierno salieron de vacaciones, el ex alcaide Ramiro Jáenz Castillo, de 53 años, recibió una llamada telefónica para notificarle la salida de los narcotraficantes guatemaltecos Carlos Saúl Zúniga Pérez, de 30 años; César Augusto Jordán González, de 25, y Óscar Algeo Morales Hernández, de 38 años, sentenciados a diez años de prisión por el delito de financiamiento ilegal de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias controladas, pendientes de recurso de casación.

La acusación del Ministerio Público presentada durante la maratónica audiencia preliminar realizada en el Juzgado Local Penal de Chinandega, a cargo de Claudia Noguera, señala que Jáenz Castillo ordenó a varios funcionarios buscar rápidamente los expedientes de los tres chapines, que guardaban prisión desde julio de 2007, cuando cayeron en la operación denominada “Sierra”, en el puerto de Corinto, por apoyar la logística del narcotráfico.

Especifica la acusación que al ex jefe del Penal de Occidente le comunicaron que la orden de libertad con firma y sello de Antonio Fletes Largaespada, Secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia --la cual resultó falsa-- “iba en camino”, y fue entregada por el abogado Emilio José Molina Peña, de 30 años, originario de Chichigalpa, entre las 6:30 y 7:00 de la noche del 18 de diciembre, en horas no hábiles de oficina, violentando las normas internas del correccional.

Rápida ejecución

Precisa la acusación que con base en la orden, Emilia Mairena Espinoza, de 42 años, ex encargada de control de reos del penal, a las 8:30 de la mañana del 19 de diciembre elaboró las cartas de libertad de los tres guatemaltecos, sin seguir el procedimiento administrativo de informar a las autoridades superiores del Sistema Penitenciario Nacional sobre las órdenes de libertad de los internos relacionados con delitos de narcotráfico.

De acuerdo con el escrito, a las once de la mañana del 19 de diciembre, con aires navideños, los tres narcos guatemaltecos aprovecharon órdenes de libertad suscritas por el alcaide Ramiro Jáenz Castillo, y salieron del penal hacia la frontera El Guasaule, abandonando el país a la una de la tarde, a pesar de conocer que la Corte Suprema de Justicia no había resuelto el recurso de casación.

El ex alcaide ordenó la salida de los tres narcotraficantes, quienes fueron conducidos hasta la frontera de El Guasaule por funcionarios de Migración y Extranjería y por el abogado Emilio Molina Peña.

El fiscal Edwin Urcuyo expresó que los dos ex funcionarios del penal de Occidente, al igual que los abogados Emilio José Molina Peña y Ricardo Ernesto Polanco Alvarado, de 36 años, son acusados por facilitación de evasión y uso de documentos falsos, y tienen suficientes elementos para probar esos delitos.

Defensor y familiares dicen que ex alcaide es inocente

El defensor Luis Pérez Carmona sostiene que el ex alcaide es inocente, y según él, en la acusación, el Ministerio Público no especifica si Jáenz Castillo y Emilia Mairena tenían pleno conocimiento de que el documento era falso.

“Eso demuestra que la acusación de la Fiscalía no es objetiva, la medida de prisión preventiva es desproporcionada, y no se cumplió con el principio de proporcionalidad, el cual especifica que los acusados son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Voy a demostrar la inocencia de mi defendido, quien padece de diabetes e hipertensión”, dijo el jurista.

Norvin Ricardo Rivas, quien junto a varias personas patentizó su solidaridad con el ex alcaide y con Mairena, dijo que la Policía debe investigar al grupo de funcionarios de Migración y Extranjería que trasladaron a los tres fugitivos guatemaltecos.

Karen Elena Jáenz aseguró que su padre es inocente y no es merecedor de la acusación. "Es injusto, prevalecerá la justicia, Dios está de nuestro lado”, expresó la joven.

Dos abogados confabulados

Una fuente ligada a la investigación reveló que Polanco Alvarado, originario de Managua, se puso de acuerdo con Molina Peña, oriundo de Chichigalpa, para que entregara la orden de libertad falsificada.

Por lo tanto, el abogado capitalino es considerado autor intelectual, y habría recibido 170 mil dólares por ayudar a los narcos a escapar, lo cual es investigado de manera exhaustiva por las autoridades competentes.

La fuente dijo que mientras Molina Peña asumía la defensa de los tres narcos en Chinandega, Polanco Alvarado gestionaba la libertad de éstos en Managua, por lo que se deduce que están confabulados.

Se conoció que el abogado capitalino laboró para el Poder Judicial, y encontraron en su poder el expediente de los tres narcos guatemaltecos, por lo que se deduce que él falsificó el documento.

La audiencia inicial está fijada para el medio día del próximo miércoles, cuando la juez Noguera decidirá si abrirá juicio oral y público contra los cuatro detenidos. Mientras tanto, los tres fugitivos guatemaltecos acusados por el delito de quebrantamiento de condena serán buscados por Interpol, y al ser capturados cumplirían sus condenas en Guatemala por un acuerdo entre Nicaragua y ese país.