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En medio de una “rara” historia, Carlos Antonio Busto Vásquez, acusado de tráfico interno de estupefacientes, logró en diciembre pasado obtener la libertad mediante una resolución de los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, T.A.M.

Busto fue capturado por la Policía el 13 de julio del año pasado a la altura del kilómetro 8 de la Carretera Panamericana Sur, transportando varios paquetes rectangulares que dieron un peso superior a los 13 kilos de cocaína.

Aunque Busto fue puesto en libertad por la jueza Décimo Penal de Juicio, Ana Justina Molina, la judicial lo que hizo fue cumplir con un mandamiento de los magistrados del T.A.M.

El mandato donde se ordena a la jueza Molina cambiar la prisión preventiva por otras medidas cautelares fue emitida por los magistrados de apelaciones el 30 de noviembre del año 2009.

En el mismo fallo, los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, señalan de manera expresa que el juez de juicio deberá ordenar la libertad del acusado.

¿Prevaricaron los magistrados?

Lo ordenado por los magistrados Rafael Avellán, Ángela Dávila y Rafaela Urroz, es contrario a lo establecido en la Ley Antidrogas, donde se establece que en los casos de narcotráfico sólo cabe la prisión preventiva.

La magistrada Urroz fue convocada a integrar Sala por los magistrados Dávila y Avellán, en vista de que en ese momento estaba vencido el período de la magistrada Ileana Pérez, quien semanas después fue reelecta en el cargo.

Luego de cumplida la orden del T.A.M., la jueza Molina programó la apertura del juicio para el 14 de enero del año en curso, mientras Busto supuestamente cumplía con las medidas alternas que le fueron impuestas.

Entre las medidas estaba que Busto permaneciera bajo la custodia de dos personas cuyo nombramiento recayó sobre dos parientes con domicilio en la sureña ciudad de Rivas, de donde es originario el acusado.

El día en que estaba programado el inicio del juicio, el abogado Hermes Sevilla Olivas informó a la judicial que su representado le hizo saber a través de otros familiares que no se presentaría, razón por la cual la jueza Molina ordenó su captura, pero por supuesto no la han podido realizar.

Reo se iba a declarar culpable
Durante la audiencia inicial realizada en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencia, celebrada el 22 de julio del año pasado, el ahora prófugo de la justicia expresó su voluntad de admitir los cargos que le formuló la Fiscalía.

Sin embargo, el juez de audiencia Abelardo Alvir Ramos, le negó este derecho y dijo que la admisión de cargos debía hacerla cuando estuviera ante el juez de juicio.

La negativa del juez Alvir contradice lo establecido en el Código Procesal Penal, CPP, donde se consigna que el reo puede admitir los hechos formulados en su contra en cualquier momento del proceso.

PGR había enredado el asunto

Radicada la causa en el Juzgado Décimo Penal de Audiencia, el procurador auxiliar penal Raduam Abarca Espinoza, el 27 de agosto de 2009, recusa a la jueza Ana Justina Molina.

Ante la inesperada acción del representante de la PGR , Molina remitió el expediente a la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones y suspendió los términos de ley, “congelando” en 54 los días de prisión efectiva del reo.

Una vez que los magistrados de la Sala Penal Dos rechazaron la recusación promovida por la PGR, la jueza Molina estableció para fecha de juicio el 26 de octubre, pero el defensor Hermes Sevilla presentó un escrito alegando que el plazo máximo de tres meses para dictar sentencia estaba vencido.

Ante este reclamo la judicial programó para el 9 de noviembre una audiencia de revisión de medidas y estableció como nueva fecha de juicio el 12 de enero del año 2010, atribuyendo los 78 días de demora a cuenta de la defensa.

Fue en ese momento que el abogado Sevilla promovió el recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor del “mulero” que admitieron los magistrados de la Sala Penal Uno.

Según los magistrados de la Sala Penal Uno, Molina debió seguir con el proceso, mientras los magistrados de la Sala Penal Dos tramitaban la recusación “y por esa razón no cabe la suspensión de los plazos” y ordenaron la libertad del reo.

Jueza Gaitán envía informe

La Juez Tercero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Rosario Gaitán, presentó ayer su informe por escrito ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, referente a la sentencia de liberación del mexicano José Salvador López Santos. La misma fue emitida el pasado 18 de diciembre de 2009, en coincidencia con la orden de libertad falsa para los tres narcos guatemaltecos que huyeron del Sistema Penitenciario de Chinandega.

La información la confirmó el magistrado Armengol Cuadra, Presidente de la Sala, quien también agregó que probablemente el viernes se le estará citando a la juez para dar las explicaciones a los magistrados. Además, se esperan otras informaciones del sistema.

El magistrado Cuadra expresó que es evidente que en ambos casos (mexicano y guatemaltecos) la defensa es Ricardo Polanco, según lo que ha leído en el informe escrito de la judicial.

Después de la reunión con magistrados de la Sala Penal y el análisis de las informaciones de las otras instancias, se decidirá qué hacer en el caso, refirió Cuadra.

(Colaboración de Martha Vásquez)