José Adán Silva
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La propuesta de la creación de una unidad especializada del Ejército de Nicaragua para frenar la degradación ambiental en las reservas de biosferas del país, recibió críticas de organismos independientes que dudan de la efectividad tanto de la medida oficial, como de la idoneidad de atribuirle a la institución castrense el cuido del medio ambiente.

Esta semana el Ejército informó que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el alto mando de la institución castrense, analizaban la creación de un Batallón Ecológico para preservar cerca de 70 reservas naturales del país, ante las denuncias de la degradación organizada en las reserva de Bosawás.

Para el sociólogo Cirilo Otero, Director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA), el planteamiento de una medida oficial de ese tipo “es pura fanfarronada” en el contexto de las denuncias.

Mucho ruido…

“Eso lo dicen para que la población crea que el Estado está haciendo algo, cuando todos sabemos que en materia ambiental ningún gobierno ha hecho nada en los últimos 20 años”, dijo Otero.

“Ese anuncio es como cuando se anuncian las vedas, cuando se prohíben los cortes de tal tipo de madera, eso es pura mentira, los retenes del Ejército nunca vedan nada, la madera sigue saliendo y los bosques se siguen depredando”, dijo el analista independiente.

A su criterio, el Ejército está limitado en sus funciones de contralor de los recursos naturales porque detrás del negocio de la madera “hay gente poderosa”.

“El Ejército nunca ha sido el custodio de los recursos maderables, porque detrás del tráfico de madera, hay toda una red de personajes, empresarios, ligados al mundo político, al gobierno, al capital, y las fuerzas armadas no tienen ni la autoridad ni la capacidad de frenar ese negocio”, denunció Otero.

“Anuncios de mentiras”

A juicio del sociólogo, el anuncio “pretende dar un golpe de efecto, una amenaza a pequeños colones, invasores, pero no altera en lo más mínimo a los grandes empresarios de la madera que son quienes más destruyen el bosque”.

Según el director del CIPA, la defensa de los recursos naturales y el cese de la degradación ambiental requiere más de voluntad política que de “anuncios de mentiras”.

“Usando a militares no se resuelve nada; el asunto ambiental es demasiado delicado como para encargárselo a los militares. La solución requiere de esfuerzos de educación, campañas de conciencia, recursos económicos para brindarle a la población otras opciones de vida que no sea el bosque, honestidad para frenar a los abusivos, reforestación, etcétera”, observó el sociólogo, quien manifestó que CIPA lleva 10 años denunciando el tema y la depredación en Bosawás no se ha detenido.

Una gran amenaza

Para el sociólogo Javier Meléndez, investigador del Instituto de Estudios y Estrategias e Políticas Públicas (Ieepp), en el libro blanco de la Defensa Nacional se establece como una de las mayores amenazas contra el Estado, la degradación ambiental.

“Y ahí se plantea que el Ejército debe colaborar y sumar esfuerzos con las instituciones encargadas oficialmente de cuidar el medioambiente, pero de manera complementaria a los esfuerzos del Estado”, dijo.

“Hay una decisión al más alto nivel del Estado de que las autoridades militares sí pueden y deben colaborar, pero eso no implica que las fuerzas armadas deban reemplazar funciones que le deberían corresponder a las instituciones civiles especializadas”, observó Meléndez.

“La intervención del Ejército en actividades más allá de sus funciones constitucionales, deben ser complementarias y estrictamente en situaciones de emergencia, cuando el Estado ya no pueda por sí mismo, con sus instituciones, frenar la degradación, cuando hayan fuerzas extranjeras invadiendo o impulsando esas degradaciones y atenten contra la soberanía o cuando las reservas sean guaridas de narcos y del crimen organizado”, dijo Meléndez.

La sombra de Mokorón

“Ahora, la duda que el Ieepp pueda tener sobre la eficacia y efectividad del Ejército en una misión como ésta, son sus antecedentes en temas ambientales. El más próximo es un tema que EL NUEVO DIARIO cubrió debidamente, con todas las implicaciones morales y ambientales propias, y es el caso del cerro Mokorón”, observó el sociólogo.

“Este cerro el Ejército se lo apropió, distribuyó lotes a sus oficiales y autorizó la construcción de viviendas en un área que debería ser preservada. Al Ejército no le importaron entonces las múltiples denuncias de los organismos ambientalistas, de los medios, de la sociedad civil, de la comunidad; no, se hicieron del cerro y lo agregaron a sus negocios dentro del Instituto de Previsión Social Militar”, denunció Meléndez.

“Con ese antecedente, más otros más lejanos relacionados con adquisiciones y construcciones en playas e islas cabe hacerse la pregunta: ¿Tiene el Ejército la autoridad moral para salvaguardar los recursos ambientales del país, cuando no fue capaz de oír a los ambientalistas que pedían el respeto a Mokorón?”, cuestionó.