Luis Galeano
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, envió a la Contraloría General de la República, CGR, un informe de lo que ha cobrado en nombre del Estado por resoluciones emitidas, así como de lo que ha sido demandado por la vía civil, cuya lista encabeza en monto los 139 millones 316 mil 978 de córdobas, que el nombrado secretario de la Presidencia, Mario Rivas Reyes y otros, debe por el caso conocido como “La Cobra”.

Mario Alberto, a pesar de la sanción de la CGR y de estar demandado en los tribunales por la Procuraduría, fue nombrado por el presidente Daniel Ortega como empleado de la Secretaría de la Presidencia de la República, a la que ha representado en varios actos, entre ellos dos reuniones de la Junta de Incentivos Turísticos del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur.

Antes, a inicios de la administración de Ortega, fue nombrado por el mismo gobernante como Coordinador Técnico de la ahora desaparecida Unidad de Coordinación del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público (Ucresep).

Las acciones de Estrada

La carta de Estrada fechada el 5 de febrero pasado, señala que agradece a los colegiados la satisfacción que le han demostrado por la continuidad que como abogado del Estado le ha dado a la labor de la Contraloría, en lo referente al cobro de glosas.

En ese sentido, adjuntó a la comunicación un informe del trabajo que se ha hecho hasta esa fecha, desglosado en ingresos por arreglos de pago, glosas que ya fueron canceladas y las demandas ejecutivas corrientes con acción de pago/glosas, que ha interpuesto la PGR.

En el caso de los ingresos por arreglos de pago de glosas, el informe de Estrada indica que han logrado recobrar 105 mil 843 córdobas y 11 mil 208 dólares.

Se trata de 23 casos fallados por la Contraloría de los cuales el más alto en córdobas enterado hasta el momento es el pago de 34 mil que realizó Alejandro Carrión McDonough por anomalías cuando fungió como Director General de Inversiones y Promoción de Exportaciones del Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) y ex Coordinador General de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE).

En lo referido a los ingresos por glosas recibidos en dólares, los más altos de esos 23 casos fueron los 2,571 que entregó Gerarda Martínez Flores, por un caso de irregularidades en el extinto Banco Popular de Nicaragua.

Glosas canceladas

El reporte de Estrada señala que en el caso de las glosas que ya fueron canceladas se derivan de 12 casos fallados por la Contraloría y por los que el Estado recuperó 262 mil 25 córdobas y 15 mil 30 dólares.

El más alto de los pagos en córdobas fue el que hizo el ex directivo de la Compañía Nacional Productora de Cemento (CNPC), Chéster Noguera, quien enteró 157 mil 926, producto de una presunción de responsabilidad penal, por el caso de una repartición de regalos que se hicieron con fondos de esa entidad en diciembre del 2004.

El segundo más alto pago de glosas lo hizo Luis Henry Pallais Sevilla, ex directivo del Instituto Tecnológico Nacional, Intecna, que reintegró a las arcas del Estado una suma de 121 mil 890 córdobas.

Los juicios y Rivas Reyes

El procurador Estrada informó a los contralores que las demandas ejecutivas con acción de pago de glosas interpuestas de abril de 2007 hasta enero de 2010, suman un total de 377 millones 357 mil 59 córdobas, derivadas de 38 resoluciones del ente fiscalizador que impuso diversas responsabilidades.

De ese monto total, el pago de 139 millones 316 mil 978 córdobas se le está demandando a Mario Alberto Rivas Reyes, Julio César Ruiz Galeano, Arturo Elí Tablada Tijerino, Óscar Tomás Bonilla Henríquez, Emma María Morales Gaitán y Luis Javier Bravo Henríquez.

De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, todos ellos violentaron las normativas de cancelación de Cobranzas Bancarias de Nicaragua (Cobanicsa), conocida como “La Cobra”, adscrita al Banco Central de Nicaragua, BCN.

Otros demandados

En la lista de demandados, aparecen una gran cantidad de nombres que sonaron mucho en los años en los que el país era gobernado por el ex reo y ex presidente Arnoldo Alemán y el ex presidente Enrique Bolaños.

Entre ellos se encuentran el ex director de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), Ramiro Balladares Barreto, a quien le impusieron una glosa de 107 millones 606 mil 762 córdobas por el pago de indemnizaciones, sin los debidos soportes a varios confiscados durante el gobierno sandinista y por sobrevaloración de propiedades cuyos dueños reclamaban indemnizaciones.

Otros nombres que destacan son: Orlando Castro Gutiérrez, ex gerente General del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, Banic, al que le demandan el pago de 16 millones 947 mil 141 córdobas, también sus ex compañeros de trabajo Ruth Obando, Armando Núñez, Marvin Téllez y Silvia Lacayo, a quienes les reclaman, vía judicial, el pago de 17 millones 310 mil 826 córdobas.

Además, están en la lista Salvador Quintanilla, ex directivo de Enitel, quien fue demandado por la suma de 14 millones 971 mil 644 córdobas, Gustavo Adolfo Picado Narváez, ex funcionario de la Cementera por 4 millones 21 mil 781 córdobas, y Jorge Solís Farias, también ex presidente Ejecutivo de Enitel, a quien lo demandaron por el no pago de un millón 534 mil 98 córdobas.