•   JALAPA, NUEVA SEGOVIA  |
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Los jalapeños consideran que las instancias judiciales sólo taparon “un ojo al macho” con el sobreseimiento definitivo que resolvió la Juez de Audiencias del Juzgado de Distrito de lo Penal de Nueva Segovia, el 2 de febrero, a favor de Francisco Omar González Vílchez, ex alcalde de Jalapa, quien era acusado por el supuesto delito de peculado en perjuicio del patrimonio de la Alcaldía.

“Para nadie es desconocido que en este país, mientras no haya institucionalidad, aquí vamos a seguir siendo el pueblo pobre, porque (eso) repercute en la pobreza, porque ya nadie nos quiere ayudar, ni nosotros mismos tenemos confianza”, comentó Noel Molina, empresario local y concejal liberal en Jalapa.

“No me entregaron propiedad”

Por su parte, el alcalde Orlando Zeledón dijo que por estar enfermo no le dio seguimiento al proceso judicial contra sus dos antecesores, González Vílchez y Humberto Pérez Largaespada.

La Fiscalía radicó acusación en diciembre pasado contra ambos ex funcionarios, después que Auxilio Judicial de la Policía Nacional, determinara que la propiedad rural de 40 manzanas, situada en la comarca fronteriza de Siuce, defendida por Pérez Largaespada como bien de la Alcaldía, ahora está en manos de una tercera persona, adjudicada por la microfinanciera Fundenuse.

Inmunizados con recurso de amparo

La auditoría de la Contraloría General de la República había declarado “fantasma” dicha propiedad, porque se trata de un bien del ex alcalde que junto con González Vílchez utilizaron para simular una venta y sustraer 12 mil dólares de un fondo donado por el organismo español “Fons Catalán”.

El proceso para Pérez Largaespada y los ex vicealcaldes José Tomás González y Oscar Danilo Montiel Sanabria quedó en “pausa”, mientras no se resuelva el fondo de los recursos de amparo, que cada uno tiene vigente contra la Contraloría General de la República, a excepción de González Vílchez, a quien recientemente le habían declarado desierto el recurso.

Según Gabriel Díaz, abogado que defendió a González Vílchez, su cliente salió sobreseído, “porque se había extinguido la acción penal”, es decir, ya había expirado el plazo de 5 años para que se les encauzara judicialmente, de acuerdo con el Código Penal.