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Al contralor Lino Hernández no le importa lo que diga el decreto del presidente Ortega, el fallo del Tribunal de Apelaciones de Masaya que lo revoca, o cualquier otro que aparezca en sentido contrario. Le interesa cumplir con la Constitución y las leyes, y que no lo tilden o acusen por usurpador de cargos, por ello empezó a sacar sus pertenencias del despacho donde ha estado por cinco años, los cuales vencen el próximo domingo 14 de febrero.

“Yo dije que me iba el día que se vencen los cinco años para los que fui electo y así va a ser”, fue lo primero que comentó el colegiado ayer, mientras desencajaba un cuadro en el que aparece junto a sus otros colegas juramentándose en la Asamblea Nacional, para meterlo en una de las al menos seis cajas que contienen parte de lo que es suyo y que estaba en esa oficina.

Hernández, junto a los colegiados Guillermo Argüello Poessy, Luis Ángel Montenegro, José Pasos Marciaq y Fulvio Palma, fue electo por la Asamblea Nacional, en febrero de 2005 para un período de cinco años.

El “Magistrado” Castro

El coordinador de la bancada del partido de gobierno en el Parlamento, Edwin Castro, dijo ayer que el decreto está vigente, y que el fallo del tribunal de Masaya no tiene validez, porque se extralimitó en sus funciones.

“No lo deberían haber amparado porque no ha demostrado que el decreto lo afecta a él, ¿en qué lo afecta al diputado Moncada?, entonces, y en todo caso, si lo afecta que le regrese los derechos a él solo, al diputado Moncada, no al resto, por tanto eso no afecta al decreto, y además, el tribunal está resolviendo fuera de su competencia por tanto no es recurrible, eso es un amparo político”, dijo Castro a los medios oficiales.

No quiere que lo señalen como usurpador

“Yo mantengo mi posición porque esto no depende de fallos judiciales de un lado o de otro, depende de los 56 votos que se necesitan para decir si somos reelectos o nos vamos, como dice la Constitución Política”, indicó ayer Hernández.

Consideró que quedarse en el cargo sería irrespetar la Carta Magna y exponerse a ser acusado de usurpación de funciones, lo cual es penado por el Código Penal.

El artículo 430, del Código Penal, dice que “el funcionario o empleado público que continuare ejerciendo su empleo, cargo o comisión, después que debiere cesar conforme a las leyes o disposiciones especiales de su ramo respectivo, incurrirá en las penas de inhabilitación especial de uno a dos años, y multa de veinticinco a doscientos córdobas”.

“Nosotros somos delegados de la Asamblea Nacional, y no va a venir el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, con un decreto a cambiar lo que dice la Constitución, y desde esa perspectiva tomé la decisión de irme”, indicó el colegiado.

¿Es legal lo que decidan los usurpadores?

Hernández participará hoy, jueves, en lo que será la última sesión que de acuerdo con la Constitución, deben tener los contralores que fueron electos en febrero de 2005. Dice responder por lo que se decida hoy, por lo que se haga después no se atreve a opinar.

“Yo no sé cuál va a ser la actitud de los otros contralores, lo que sé es que cada uno, de acuerdo con la misma Constitución, es responsable de sus acciones y omisiones, no me voy a poner a juzgarlos a ellos”, dijo.

Los cuatro colegiados que acatarán el decreto hacen quórum de ley para sesionar y para tomar decisiones en cuanto a aprobación de exclusiones de procedimientos, resoluciones con responsabilidades administrativas y civiles, no así presunciones de responsabilidad penal, que de acuerdo con la nueva Ley Orgánica de la CGR debe tomarse con el voto favorable de dos tercios de los cinco miembros.

“Hay otros que tienen sus ventajas que yo no las tengo, es decir (que pueden) tomarse el riesgo de caer en la ilegalidad, y yo no me atrevo a hacer eso”, añadió.