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Organizaciones de derechos humanos rechazaron la posición del gobierno nicaragüense, al negar enfáticamente el levantamiento del aborto terapéutico, durante la revisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Alejandra Núñez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, consideró grave la postura de Nicaragua, en tanto que es parte del Sistema de Naciones Unidas y está en la obligación moral de cumplir con las recomendaciones que esta instancia dicta.

“Hacemos un llamado a que el gobierno de Nicaragua cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Uno de los actos soberanos es haber firmado y ratificado de manera libre el tratado de derechos humanos, con lo cual se asume el compromiso obligatorio de cumplir y ser sometido a un examen por diversas instancias internacionales”, señaló.

La representante de Cejil dijo que las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se suman a otras ya planteadas por instancias internacionales.

Según Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Nicaragua, si bien ha cumplido con otras obligaciones en derechos humanos, también tiene una deuda pendiente que sigue sin acatar.

212 niñas violadas en 2009

Ante la posición del gobierno, Fátima Millón, perteneciente a la Red de Mujeres contra la Violencia, recordó al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, a la Asamblea Nacional y a la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado se registraron 212 niñas violadas, de las cuales muchas terminan en embarazo, y ni siquiera se tiene un sistema adecuado para sancionar a los agresores.

“Ésta es una de las razones por las cuales se ha pedido mantener el aborto terapéutico como un derecho humano, ya que de lo contrario, ponen en una posición de riesgo a las menores de edad, cuyos cuerpos no están preparados para dar a luz ni física ni mentalmente, riesgo para las mujeres adultas que sufren de enfermedades y el embarazo complica su situación que termina en muerte”, dijo Millón.

Agregó que se espera que el Estado se retracte y realice una revisión de sus argumentos desfasados, que atentan contra las mujeres.