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El problema entre los Tribunales de Apelaciones de Masaya y Granada por la suspensión o no del Decreto presidencial 03-2010, donde el mandatario Daniel Ortega manda a extender los períodos de los 25 funcionarios a quienes se les vence su ciclo este año, mientras no se nombren a los nuevos, rebotó en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y dio origen a una nueva disputa entre magistrados sandinistas y liberales.

Ahora la ‘papa caliente’ está en este poder del estado, ya que también recibieron un Recurso de Competencia entre Poderes, interpuesto por la diputada sandinista Alba Palacios, por el mismo decreto. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Manuel Martínez aseguró esta mañana que el procedimiento con el que la diputada introdujo el decreto es anómalo pues no llegó al doctor Rubén Montenegro, en la Secretaria General de la CSJ.

Además avizoró un nuevo problema dentro de la Corte como el que ocurrió con la legalización de los CPC, porque le informaron que ayer el doctor Francisco Rosales pretendió admitir y radicar el expediente de los Amparos de Granada y Masaya sin consenso con todos los integrantes de la Corte Plena de esta institución. “Los recursos de competencia entre poderes del Estado competen exclusivamente a la Corte Plena y el escrito no fue recibido por Montenegro por eso considero que no está bien recibido”, aseguró Martínez.

Mientras tanto el magistrado Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ, aseguró que Martínez está equivocado y que los recursos pueden ser recibidos por cualquier secretario de sala de esa institución judicial. “La ley dice que cualquier secretario de la sala de la corte puede recibir escritos, es más hasta se turnan ellos (secretarios). Esta vez el escrito fue recibido por Moisés Martínez, secretario de la Sala de lo Contencioso y el procedimiento está correcto”, señaló Solís.

Martínez también aseguró que hacía falta el trámite de conciliación entre las partes para proceder a presentar un recurso de competencia entre poderes, pero el magistrado Solís mencionó que sí existía, ya que hay cartas de René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional y Ortega, por tanto sí cumple el requisito.

En tanto el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, de la CSJ expresó que no es competencia de ningún tribunal ver recursos de amparos por decretos presidenciales, ya que es competencia exclusiva de la sala constitucional de la CSJ, verlos.

“Aprovecho los medios de comunicación para notificar a los Tribunales que no es competencia de ellos ver recursos de amparos por decreto. Así lo dice la ley de amparo, así que ya no hay más guerras entre tribunales”, recalcó Rosales. Además, indicó que el diputado Oscar Moncada no podía presentar un recurso de Amparo pues no es parte afectada, ni mucho menos el decreto le causa agravio alguno, situación indispensable para ampararse, según la ley de amparo.

El magistrado Rosales también agregó que en los próximos días se radicará el expediente de los amparos suspendidos de Granada y Masaya para formar el expediente con el escrito de la diputada Palacios y radicar el expediente en la sala y proceder a resolver.

Antecedentes
La guerra entre los Tribunales de Apelaciones inició cuando el tribunal de Apelaciones de Masaya amparó al diputado liberal Oscar Moncada en contra del decreto 03-2010 y mandó a suspender los efectos del polémico decreto presidencial.

Luego el Tribunal de Granada mandó a suspender la resolución del Tribunal de Masaya, argumentando que no es materia para resolverse en tribunales, sino le corresponde a la Sala Constitucional de la CSJ pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Mientras esto no se resuelva, el decreto presidencial sigue vigente, concluyó Solís.