Luis Galeano
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La vehemencia con que el contralor Guillermo Argüello Poessy ha defendido lo que considera legal en otros momentos, desapareció ayer cuando le consultamos sobre la legalidad que van a tener sus resoluciones y decisiones a partir del lunes, cuando él y tres colegiados más lleguen a la Contraloría para continuar en sus cargos, en abierta violación a la Constitución Política y las leyes.

Ayer, Argüello Poessy y sus colegas celebraron la última sesión constitucional para la que estaban facultados, y fallaron --según informó-- dos resoluciones, una relacionada con la Superintendencia de Bancos, SIB y otra con la Compañía Nacional Productora de Cemento, de las cuales se excusó de dar detalles por no haber notificado de los resultados a los implicados.

Ante el ejemplo de respeto a la Constitución que da el contralor Lino Hernández, quien ha empacado sus cosas para irse a su casa en respeto al período para el que fue electo, para no ser tildado de “usurpador”, Argüello Poe-ssy prefiere ser mesurado en sus palabras, no se altera y responde suave, no muy convencido de lo que dice.

“Respeto la opinión de los que dicen que después del 15 de febrero no tenemos que hacer aquí (en la Contraloría), y en relación con la legalidad de las resoluciones y decisiones que tomemos aquí los que nos quedamos, ese control lo tiene la honorable Sala Constitucional de la Corte”, dijo.

Argüello Poessy, Luis Ángel Montenegro, José Pasos Marciaq y Fulvio Palma fueron electos por la Asamblea Nacional, en febrero de 2005, para un período de cinco años, el cual vence el 14 de febrero, pero todos se quedarán en sus cargos más tiempo en respeto al conocido “decreto real” emitido por el presidente Daniel Ortega, para prolongar la permanencia de los funcionarios, en tanto la Asamblea Nacional no elija a sus sustitutos o reelija a algunos.

¡Qué casualidad!

Casualmente, el jueves de la semana pasada, el presidente de la Contraloría fue incluido por Ortega en la lista de los contralores que a su criterio deben repetir en el cargo. Argüello dice que las glosas que cobra la Procuraduría actualmente, producto de las resoluciones de la Contraloría, y el no haber permitido la privatización de Hidrogesa, son suficientes credenciales para ser candidato a repetir, aunque a cada momento con rostro sardónico repite que no cuenta con el respaldo del “máximo líder” del liberalismo para ser electo nuevamente.

“Si alguien tiene un problema para que sigamos en nuestro cargo, pues que recurra a los tribunales, porque mientras tanto, yo sigo acá”, dijo el colegiado.

El artículo 430 del Código Penal, dice que “el funcionario o empleado público que continuare ejerciendo su empleo, cargo o comisión, después que debiere cesar conforme a las leyes o disposiciones especiales de su ramo respectivo, incurrirá en las penas de inhabilitación especial de uno a dos años, y multa de veinticinco a doscientos córdobas”.

“Hay quienes pueden decir que nuestras resoluciones no tendrán ninguna validez, pero entre decir y que no tengan, vieran cuántas cosas se pueden decir, así que no me gustaría profundizar sobre aspectos que le tocará decidir a la Corte”, indicó.

La voz del colegiado retomó la fuerza normal, cuando suplicó nuevamente a la Asamblea Nacional, que “la repartición que van a hacer (de los cargos), como le dijo nuestro señor Jesucristo a Judas cuando estaba en la última cena: ‘Lo que van a hacer, háganlo pronto’, porque le van a hacer un gran daño al país”.

“Que los que pueden decidir, se los repartan a como sea, pero que los repartan ya, porque no es posible que se quiera crear un caos, porque si es a eso que están apostando, conmigo no cuenten, porque yo me quedo en mi cargo”, dijo.

¿Con su acción ilegal de quedarse aquí para evitar “un caos” pretende enfrentar otra ilegalidad?
Su tono baja nuevamente y dice: “No me corresponde a mí hablar de la parte legal, porque no es mi competencia hacerlo, lo único que les suplico a los que pueden decidir es que lo que vayan a hacer, lo hagan pronto”.