Rafael Lara
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Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, se reunió con organizaciones sindicales nacionales que denunciaron las múltiples violaciones a los derechos laborales, constitucionales y humanos que están ocurriendo con la clase trabajadora en las instituciones estatales, cuyos despidos en el gobierno de Daniel Ortega se elevan a 16 mil empleados.

Álvaro Leiva, Secretario del Comité Ejecutivo de la Confederación Unión Sindical, CUS, dijo que su organización entregó formalmente la denuncia en la cual expusieron la situación, y solicitaron que se le hiciera un requerimiento al presidente Daniel Ortega sobre la base de lo denunciado.

Báez les dijo que haría una revisión de la denuncia, para posteriormente tomar acciones ante lo que corresponda, y en abril nuevamente regresaría.

“Hay incidencia del gobierno por violaciones a la Convención Internacional sobre los temas libertad sindical y por el convenio colectivo, tal como ocurrió en el Ministerio de Transporte e Infraestructura y en el Ministerio de Educación, donde los titulares violaron derechos a la negociación colectiva. Además, aseguramos al comité de derechos humanos de la CSA, que estaríamos enviando informes sobre las violaciones a los derechos laborales en el sector público”, dijo Leiva.

La CSA pertenece a la Confederación Sindical Internacional con representatividad en toda Latinoamérica, con alrededor de 20 millones de afiliados e incidencia ante la Oficina Internacional del Trabajo, OIT.

En los últimos monitoreos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, hasta la presente fecha, se contabilizan 16 mil despedidos en las casi 52 instituciones públicas, en 33 meses del gobierno de Ortega, con una tendencia al aumento, en medio del irrespeto a los derechos constitucionales.

Los despidos van de la mano de la contratación de nuevos puestos, pero sin el debido proceso establecido por la Ley 476, o proceso de licitación, la cual no se está ejecutando en las instituciones.

Esto deja al libre albedrío de los directores y de los ministros, a entregar salarios a su antojo, de favorecer a los partidarios políticos; engorda indebidamente el presupuesto para sus instituciones estatales, en medio de la situación de crisis económica, y causa perjuicio al Estado de Nicaragua.

Señalan que hay delegaciones departamentales de instituciones estatales, donde la secretaria de la delegación tiene asistente. Un caso específico es que el Ministerio de Transporte tiene a dos viceministros con iguales salarios, cuando eso no está contemplado en la Ley 290, pues lo establecido es un ministro, un viceministro y un secretario general.

Leiva considera que se debería hacer una revisión de esta situación, cuya responsabilidad es de la Dirección General de Función Pública, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “que hasta el día de hoy demuestra ser una institución pasiva en las funciones para las que fue creada. Ni siquiera puede decir cuántos trabajadores públicos hay en la planilla del Estado”.