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Maite Rodríguez estrenó unas botas la Nochevieja de 2008, y todavía lo está lamentando. Durante la fiesta empezó a sentir picor en los pies. La mañana siguiente, granos y pequeñas quemaduras los cubrían. Semanas después se hincharían cuatro números por encima de la talla habitual. Hoy, con 24 años, sufre secuelas en forma de dolores musculares e intolerancia al calor. Tras muchas pruebas de alergia, se concluyó que la causa era el dimetilfumarato, un producto prohibido por la normativa española y europea y que se utiliza como conservante fungicida en artículos, principalmente calzado y sofás, procedentes de China.

En 2009 se destruyeron o retiraron del mercado español 114,173 unidades de zapatos contaminados, y 87,876 fueron rechazadas en aduana, según el Instituto Nacional de Consumo (INC).

En total, más de 200,000 retirados del mercado. Maite pasó nueve días en el hospital. “Tenía los pies imponentes. Llevaba cuatro números más de mi talla, no me cabían ni los zapatos de mi padre. Además, se empezaron a amoratar”, relata. “Un mes después, me salieron los mismos granos en la espalda. Me dijeron que podía deberse a que aún tuviera restos del tóxico en el cuerpo”. Fue el comienzo de un calvario que no ha terminado.

Más de un año después, asegura resentirse de las secuelas: “Me dan calambres tan fuertes que me tengo que sentar. Son síntomas que tengo en común con otros afectados”.

Además, asegura no tolerar el agua caliente: “Cada día en la ducha es horrible, los puntos donde tuve heridas se hacen visibles y me duelen; al quitar el calor, vuelven a la normalidad”.

En Andalucía se destruyeron, inmovilizaron o retiraron 15,000 unidades de calzado contaminados el año pasado, según la Dirección General de Consumo de Andalucía. Es la comunidad autónoma que más alertas emitió (78) por este motivo en 2009, seguida por Castilla y León (45) y Galicia (37).

El uso del dimetilfumarato está prohibido en España en aplicación de una decisión de la Comisión Europea, del 17 de marzo de 2009.

“La sustancia es irritante, actúa sobre la piel y los ojos, y a concentraciones muy bajas (1 ppm) puede producir reacciones alérgicas”, se explica en la Memoria de Seguridad de 2008 del INC, que en diciembre de ese año dio los primeros pasos para prohibir la comercialización de artículos con DMF.

También en sofás

El problema también se ha dado en sofás. El año pasado se destruyeron en España en torno a 2,000 unidades de los modelos notificados a la Red de Alerta por Francia y Polonia, según el INC.

El conservante se envasa en bolsitas y se inserta en los brazos y los asientos. Diego Jiménez (Murcia) y su mujer lo saben. Compraron cuatro sillones en enero de 2007, y a los pocos días les apareció un eccema en la espalda.

“Nos marchamos de vacaciones y mejoramos. Empezamos a pensar que era algo que había en casa”. Jiménez leyó sobre las intoxicaciones por dimetilfumarato en una publicación médica extranjera: “Entonces mi dermatólogo me hizo las pruebas y di positivo”.

A finales de 2008, en Valencia, se analizaron unos sofás de la misma partida que los suyos y también dieron positivo.

“Denuncié ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero consideraron que no había delito contra la Salud Pública”.

La bolsita de conservante no siempre aparece en las cajas de zapatos contaminados. No estaba en la de las botas de Maite. Tampoco en la de las que Marga Santamaría, presidenta de la asociación Nacional de Afectados por Dimetilfumarato, compró en Valladolid en noviembre de 2007.

Al padecer la alergia, Marga puso una denuncia en Consumo de Valladolid y enviaron sus botas a analizar al Centro de Investigación y Control de Calidad del INC, donde dieron positivo en dimetilfumarato.

“Al haber reacciones sin que aparezca la bolsita, pensamos que algunas tiendas se limitan a tirarla sin retirar el artículo. Es necesario que se sigan reforzando las inspecciones”, afirma Rubén Sanz, portavoz de Facua, que coincide con Marga en la necesidad de que haya campañas de información al usuario.

Marga insiste en que el calzado se fabrica en China, pero se vende en tiendas españolas: “De 300 casos, sólo en dos el producto fue adquirido en uno chino”. La asociación, que tiene constancia oficial de 300 afectados, puso una denuncia por la vía penal en la Audiencia Provincial de Vitoria.

“El juez no vio que hubiera un delito contra la Salud Pública. Ahora estudiamos la posibilidad de acudir a la Audiencia Nacional. Queremos que se esclarezcan los hechos”, sostiene Marga”.