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La evidente duda en el Poder Judicial y el temor que ocasionaron las narcoliberaciones, está provocando la restricción de las liberaciones de personas detenidas ilegalmente, y sólo se están acatando, como medida extrema, las que llegan con la autorización de la ministra de Gobernación, denunciaron representantes de organismos de derechos humanos.

Valkiria Huete, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo que además de los casos de Juan Carlos Calero y José Ángel Areas, denunciados y publicados el jueves en EL NUEVO DIARIO, se agregan dos anteriores, más tres casos recibidos ayer por la mañana, sumando un total de siete.

Los delitos por los que fueron detenidos son posesión de narcóticos o por lesiones, pero las órdenes fueron expedidas por cumplir su condena o por anulación de casos.

“La semana pasada había siete personas aguardando infructuosamente hacer efectivas las órdenes de liberación, algunos tenían 15 días esperando. Este viernes había diez detenidos ilegalmente”, expresó.

Extraoficialmente se conoció que ayer la dirección del Mingob llamó al director del centro penal “La Modelo”, de Tipitapa, para hablar del tema de las liberaciones, y entre las medidas estarían la creación de una oficina para tramitar este tipo de casos, sin embargo, para esto será necesaria “siempre” la firma de Ana Isabel Morales, Ministra de Gobernación.

La información también la dio a conocer el centro penal de Tipitapa a los familiares de los detenidos.

“Estamos conscientes de que la situación no está en manos de los jueces competentes, quienes han enviado hasta dos cartas de libertad, pero no son acatadas”, dijo Huete.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, indicó que tienen cinco denuncias de detenciones ilegales, tanto en el SPN como en las delegaciones policiales, con las mismas características de las denuncias de la CPDH.

“En dos de nuestros casos, hasta la misma juez de ejecución de penas se personó en el SPN y no pudo ejercer su autoridad. La juez hasta señaló al oficial de que sería reportado, y la respuesta fue que hiciera lo que deseara, pero no podía liberar al privado de libertad. A ese nivel llega la desconfianza en el Poder Judicial, violándose los procedimientos y disposiciones legales, además de vulnerar los derechos humanos”, expresó.

Carrión dijo que la única forma de privar a alguien de su libertad es por órdenes del Poder Judicial, y para cambiarlo, únicamente la Asamblea Nacional tiene esa potestad, haciendo reformas en las leyes y creando nuevos mecanismos.

“Si nuestro sistema judicial no tiene autoridad, entonces ya nada tienen que hacer los jueces, y dejen todo en manos de la ministra de Gobernación”, comentó el representante del Cenidh.

Sobre la información titulada “Retardan justicia por temor a más narcoliberaciones”, publicada el viernes, la Embajada de la República de Guatemala, en Managua, giró una carta a EL NUEVO DIARIO fechada 12 de febrero, en la cual comenta:
“Lamentablemente, debo indicarle que por causa de un hecho deplorable sucedido hace algunas semanas, en el cual tres nacionales guatemaltecos escaparon de la justicia nicaragüense en circunstancias que son del dominio público, otras personas, nicaragüenses y guatemaltecas, corren el riesgo de pagar injustamente las culpas de aquellos hechos, tal como deduce la nota referida del periodista Rafael Lara”.

“En esa virtud, me remito informarle que el ciudadano guatemalteco Nery Estuardo Orozco Ola, fue detenido el 12 de agosto de 2009 bajo la acusación de tráfico ilegal de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, pero después del debido proceso judicial fue absuelto de dicha acusación y declarado libre por veredicto de no culpabilidad, procedente de la juez primero del distrito penal de juicio, doctora Rosabelia Vaca Cardoza, el 25 de enero del año en curso”.

“Sin embargo, las autoridades del Centro Penal de Chinandega se niegan a excarcelar al señor Orozco Ola en contra de todas las disposiciones del ordenamiento jurídico nicaragüense, sin que medie explicación”.

La misiva fue firmada por el embajador de Guatemala en Nicaragua, Edgard Ruano Najarro.