•  |
  •  |
  • END

Los jueces que están tramitando los más de 3 mil casos pendientes de fallos con el antiguo Código de Instrucción Criminal (IN), podrían hacer declarar esta semana inconstitucional la Ley 715 o Ley de Fijación de Plazos Razonables, la que de ser aceptada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, permitiría dejar abiertos los casos y seguir conociendo de ellos sin trabas.

Todo es parte de las presiones que el orteguismo estaría ejecutando, moviendo las teclas del Poder Judicial, para renovar el pacto con el líder del PLC, doctor Arnoldo Alemán, porque los juicios que le encausaron, como el de las vaquillas y el del narcojet, estarían por fenecer. De esa forma, el FSLN forzaría, con la venia de Alemán, la reelección de Roberto Rivas y compañía en el CSE.

El pretexto para declarar inconstitucional la Ley de ‘Plazo Fatal’ es porque consideran de imposible cumplimiento la resolución de todos los casos pendientes, para el 19 de febrero, fecha límite que establece dicha ley, aunque la CSJ asignó un equipo de 80 personas que trabajan día y noche en estos expedientes.

“De aplicarse estos plazos, mucha gente quedaría sin acceso a la justicia y se violarían sus derechos constitucionales”, explicó Roberto Larios, jefe de Relaciones Públicas de los Juzgados de Nejapa.

Pendientes narcojet y vaquillas

Según Larios, los jueces estarían basando su decisión de declarar inconstitucional la ley en lo establecido en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece en el artículo 5: “Cuando un judicial considere que una norma, ley o decreto de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto”.

“Tendrían que dictar la sentencia sobre un caso concreto, lo que tiene que decir es que declara la inconstitucionalidad de la ley para ese caso. Eso permite dejarlo abierto y seguir conociendo ese caso”, expresó Larios.

Para cumplir con este procedimiento, la juez deberá remitir su resolución a la CSJ. Si ésta ratifica la inconstitucionalidad, procederá su inaplicabilidad para todos los casos similares, dijo Larios.

Entre estos casos pendientes están el de las vaquillas del IDR y el narcojet, ambos contra el ex presidente Arnoldo Alemán. Serían los primeros candidatos a mantenerse abiertos, si se declara inconstitucional la Ley 715.

De las 3 mil 69 causas pendientes en los Juzgados de Managua, donde se encuentra la mayor carga de expedientes a tramitarse con el IN, apenas un 30 por ciento se ha evacuado.

La doctora Irma Laguna, Juez Primero Distrito del Crimen de Managua, considera que su equipo de trabajo habrá culminado esa labor el 28 de febrero, para entonces se sabrá con certeza cuántos expedientes serán llevados a jurados y cuántos se habrán cerrado.