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Luego de la conferencia de prensa brindada el jueves sobre el caso de “Amelia”, joven con cáncer a quien no le aplican la quimioterapia por estar embarazada, la propuesta del Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales” fue que de por sí su cáncer estaba avanzado, así que dejara de pensar en la interrupción del embarazo.

Lo anterior lo asegura Marta María Blandón, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, quien platicó con la paciente hospitalizada y con sus familiares, quienes le aseguraron que “una opción era soportar, y si llegaba los siete meses de gestación le sacarían al niño vivo, y si soportaba la intervención, luego le podían aplicar la quimio”.

Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”, la joven embarazada que padece de cáncer.

En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.

Insensibilidad que no tiene nombre

Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico, dijo que después de hacer público el caso de “Amelia” --nombre ficticio a petición de la paciente-- creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia.

“Pero salimos sintiéndonos ofendidos por el nivel de insensibilidad que mostraron los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Alba Luz Ramos y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales. Incluso, intentamos hablar con el magistrado Rafael Solís y nos cerraron las puertas. Hasta hubo insultos y agresiones contra nosotros porque reclamábamos el derecho a ser escuchados”, expresó Izabá.

En el caso de la magistrada Centeno, intentó evadirlos, pero antes dijo que desconocía sobre algún proyecto de sentencia. Al abordar en el pasillo al magistrado Cuadra sólo expresó que ese no era asunto suyo, sino de la Sala Constitucional.

“Hablamos con Rosales, quien insistió que había un anteproyecto de sentencia, y se sorprendió de que las magistradas lo desconocieran. Estas contradicciones demuestran un engaño, pues dicen cualquier cosa”, indicó el director del Cenidh.

Solís se encierra

Izabá agregó que después de esta visita se dieron cuenta de que no hay magistrados que amparen a la ciudadanía, sino sólo “servidores públicos” al servicio del mandato de sus patrones políticos.

Magali Quintana, parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que intentaron ver al magistrado Rafael Solís, sin embargo, éste les cerró las puertas, y dijo que no podía atenderlas.

Indicó que las organizaciones de mujeres no van a dejar morir a “Amelia”. “Que lo sepan Ortega y los distintos funcionarios de este país. No la vamos a dejar morir, aunque esto signifique tomar medidas drásticas contra la Ley de Penalización del Aborto Terapéutico, porque no aceptan una ley impuesta por el juego de la política, e injusta”.

“Hablo como católica por el derecho a decidir y como católica exijo a la jerarquía eclesiástica que no interfiera en este caso. No tenemos temor de represalias que tomen en nuestra contra, principalmente cuando el Estado no asume su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”, dijo Quintana.