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Estableciendo tasas de interés por decreto legislativo y provocando cuestionamientos sobre la seriedad de su contenido y el impacto negativo en la disponibilidad del crédito para la actividad productiva del país, fue aprobada ayer en la Asamblea Nacional la llamada Ley Moratoria.

Después de cinco meses de tensiones la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora.

La Ley es para todos aquellos deudores que se encuentren en mora desde junio de 2009, y contempla cuatro meses para reestructurar los adeudos con las entidades financieras, con seis meses de gracia “que a los productores nos servirá para capitalizarnos”, aseguró Omar Vílchez, un ex alcalde de Jalapa procesado por presunciones penales.

Estos adeudos se renegociarán con una tasa de interés del 16 por ciento, y con un período de pago de 4 años para los adeudos menores a los diez mil dólares, y de cinco años para aquellos créditos mayores de 10 mil dólares. El proyecto tenía el 12% anual.

La moción de aumentar la tasa de interés del 12 al 16 por ciento fue introducida por el diputado Edwin Castro, y respaldada por su bancada, pese a que el diputado sandinista Douglas Alemán se pronunció por una renegociación del 12 por ciento. Por su parte, las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista, a excepción del diputado Francisco Aguirre Sacasa, y la bancada Democrática Nicaragüense (BDN) se pronunciaron por el 12% original.

Al final, el artículo cuatro, sobre los intereses, fue modificado por el voto de los 47 diputados del Frente Sandinista, sus aliados y Wilfredo Navarro, un acérrimo crítico de la Ley, contra 36 votos.

Ligereza con tasas de interés

Economistas consultados expresaron que establecer tasas de interés para préstamos por medio de una ley, es una gran ligereza, y tendrá resultados contraproducentes.

Recordaron que las tasas de interés se mueven por las variables del valor internacional de dinero, y que ya el Banco Central tiene una legislación responsable como punto de referencia que pudo ser invocado por la ley.

Impacto sobre los créditos

Agregaron los economistas consultados que esa ley no traerá beneficios para nadie, ni siquiera para los que están postergando el cumplimiento del pago de sus adeudos.

Por el contrario, el crédito proveniente de las microfinancieras se encogerá, afectando a los clientes que nunca han tenido problemas para pagar sus deudas, que son la mayoría, y de los cuales depende un gran porcentaje de la producción agropecuaria.

Un sector liderado por José Andrés Castillo rechazó la aprobación de la Ley con la tasa de renegociación establecida.

Castillo asegura representar a más de siete mil productores de los departamentos de Rivas, las dos regiones autónomas, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega. Castillo señaló que las organizaciones de productores con deudas en las instituciones financieras están divididas en tres grupos y que no hay consenso entre las mismas.

Cosep: graves consecuencias

Por su parte, José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, expresó que la aprobación de la Ley Moratoria significa trae graves consecuencias a la actividad productiva del país, ya que pone en riesgo la disponibilidad de créditos que las entidades de microfinanzas colocan a la orden de los agentes económicos nicaragüenses.

De igual forma manifestó que el sector empresarial, en apoyo a los productores agrícolas y ganaderos que representan más de 75 por ciento de la cartera de las microfinancieras, esperarán que la ley llegue al Poder Ejecutivo, para conocer si el presidente Ortega dará el visto bueno a un mandato que viene a poner en juego la cultura de pago entre los ciudadanos.

“Estamos viendo una vez más cómo una decisión política está llevando a la economía del país a pagar los costos de esas medidas, en donde no se está tomando en cuenta la realidad económica y del mercado nacional”, indicó.

Aguerri recordó la importancia de las microfinancieras para la actividad económica de Nicaragua, al ser facilitadoras de créditos para miles de productores que no llenan los requisitos suficientes para ser clientes de la banca privada, por lo que consideran recurrir de amparo con el objetivo de evitar las afectaciones a la economía del país.

SIB será garante y suspensión de juicios por 120 días

Otra de las reformas al dictamen fue al mediador para las reestructuraciones de los adeudos. La Superintendencia de Bancos será la encargada de velar por el cumplimiento de la ley. El proyecto contemplaba que fuera la Dirección de Defensa del Consumidor, lo cual fue rechazado desde un inicio por las microfinancieras.

Por otro lado, con esta ley quedan suspendidas todas las ejecuciones de acuerdo con el artículo seis de la ley: “Se establece la suspensión por un periodo de ciento veinte días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de todos los juicios promovidos o que pudieren promover las instituciones microfinancieras, en contra de los clientes agropecuarios y comerciales que tenga adeudos en mora al 30 de junio de 2009, siempre y cuando estos deudores inicien y se dispongan a renegociar sus adeudos con dichas instituciones en el plazo y bajo las condiciones básicas y de garantías que ésta ley establece”.

Además, “a todos los adeudos reestructurados como consecuencia de la aplicación de la presente ley, se les dispensará de manera total los intereses moratorios acumulados”, artículo 3 inciso cinco.