Luis Galeano
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A pesar de que el procurador Hernán Estrada afirmó que el caso de la ilegal indemnización que se le pagó a Josefa Reyes, la madre del presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes por el caso “La Garnacha”, merecía ser parte del “Museo de la Corrupción” de la Procuraduría General de la República, PGR, el emblemático episodio del “Burrito de Kentucky” no está destacado en el sitio creado en el sitio web de esa entidad.

Tampoco se encuentra registrado el caso de Mario Alberto Rivas Reyes, actual secretario de la Presidencia, quien fue demandado por la PGR para que cancele, junto a cinco ex funcionarios de Cobranzas Bancarias de Nicaragua (Cobanicsa), conocida popularmente como “La Cobra”, la cifra de 139 millones 316 mil 978 córdobas con veinte centavos en concepto de glosas, impuestas por la Contraloría.

En el museo se destacan 103 casos relacionados con los gobernantes Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y sus funcionarios, y, curiosamente, entre ellos un caso que es de la misma Garnacha, que la PGR afirma es un fraude contra el Estado, pero no es el de doña Josefa Reyes, sino el de un sobrino de ésta.

Lo que dijo Estrada en junio de 2009

“Todo eso fue en las anteriores administraciones. Yo lo que estoy haciendo es un museo digital, un memorial de la corrupción, porque esto es un caso de los centenares que se dieron en el pasado”, dijo Estrada, al consultarle sobre las publicaciones que hacía END en junio de 2009, relacionadas con el pago por la finca La Garnacha.

Rivas, en nombre de su madre y haciendo de su apoderado, logró que el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro le pagara a cambio de nada, 9.2 millones de córdobas, equivalentes a un millón 80 mil dólares en aquel momento, en concepto de indemnización por la finca La Garnacha, la cual nunca pudo ser inscrita a nombre del Estado. A pesar de todos los señalamientos en su contra, y sobre todo del fraude electoral, Rivas fue propuesto por el presidente Daniel Ortega para ser reelecto como magistrado del CSE, y hace poco lo defendió públicamente en el acto de traspaso de mando del Ejército.

A finales de mayo de 2009, EL NUEVO DIARIO presentó detalles de la indemnización que fue cobrada por Rivas ante la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones, OCI, en la cual, según Rigoberto Reyes Herrera, primo del titular del CSE, se incluyeron bienes de su familia y hasta un burro de Kentucky, que él mismo había matado por accidente en 1959.

Un documento conocido en la OCI como el “Informe del caso Josefa Reyes de Rivas”, elaborado por el asesor legal de esa entidad en 1997, Luis Vega Miranda, concluyó de manera categórica que el reclamo de doña Chepita “no debió ser objeto de indemnización por parte de la OCI, ya que el fundamento legal en el que respalda su derecho la reclamante no existe, puesto que son Escrituras que en el Protocolo del Notario se encuentran suspensas, según información obtenida en la Corte Suprema de Justicia”.

“He hablado con Gonzalo Norori (Director de la carrera de Comunicación Social de la UCA) y con los noruegos (que financian la lucha contra la corrupción) para hacer esa galería, porque éste es un caso que particularmente a ustedes les interesa, porque tiene un componente político, pero a mí me interesan todos”, dijo Estrada en aquel momento.

Sin embargo, al revisar el Museo de la corrupción que elaboró la PGR en su sitio web, se olvidó del caso de La Garnacha.

Caso análogo sí lo incluyeron

Lo único parecido al caso La Garnacha en el Museo de la Corrupción, es el que se conoce en el sitio como el caso OCI 8941 “Rodrigo Reyes Herrera”, un hermano de don Rigoberto Reyes Herrera, que reclamó una indemnización por la misma propiedad que formaba parte de la sociedad “Ranchería” en Muy Muy.

Ranchería era una sociedad de la que era dueño el general Rigoberto Reyes Aráuz, padre de Josefa Reyes Valenzuela y abuelo de Roberto Rivas. Los documentos indican que se trataba de una serie de haciendas, entre ellas Ranchería, El Horcón, El Coyolar, La Garnacha, El Gavilán, La Carlota y San José.

A Rodrigo Reyes Herrera, primo de Roberto Rivas, el Estado le pagó 290 mil 800 córdobas de indemnización, según la PGR, de manera indebida, pues al igual que La Garnacha el Estado nunca recibió ni inscribió el bien a su favor.

“El acto constituye una estafa al Estado de Nicaragua por parte de Rodrigo Reyes Herrera, quien reclamó y logró la indemnización de un bien inmueble (finca 19093 misma de La Garnacha) del que no tenía dominio, circunstancia que fue omitida por los funcionarios que resolvieron indemnizar, como son: la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones y la Dirección de Cuantificación e Indemnizaciones, acto que constituyó una afectación al patrimonio del Estado de Nicaragua, y un ilícito de acuerdo con el Código Penal vigente”, dice el caso colgado por la PGR en el Museo de la corrupción.

Tampoco “La Cobra”

Curiosamente, en el Museo tampoco se encuentra el caso de La Cobra, de Mario Alberto Rivas Reyes, actual secretario de la Presidencia, a quien la misma PGR demandó en los juzgados por el pago, junto a cinco ex funcionarios de la institución que dirigió, de 139 millones 316 mil 978 córdobas con veinte centavos en concepto de glosas.

De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, todos ellos violentaron las normativas de cancelación de Cobranzas Bancarias de Nicaragua (Cobanicsa), conocida como “La Cobra”, adscrita al Banco Central de Nicaragua, BCN.

¿Y los del actual gobierno?
En el Museo de la Corrupción están 103 casos que tuvieron enorme resonancia en las administraciones de Alemán y Bolaños. Se destacan los checazos de Enitel, el revivido caso Mayco al ex reo por corrupción y líder del PLC, el fraude a Iniser de Orlando Chávez Gil, los camionetazos y checazos de Byron Jerez con Jorge Solís, el IDR y las vaquillas de Eduardo Mena, el narcojet, los Cenis, de Eduardo Montealegre y compañía, las huacas 1 y 2, el Canal 6, Hispánica, y los carreterazos de Pedro Solórzano, Bavinic y Adolfo Chamorro César, entre muchos.

Sin embargo, otro elemento que vale la pena resaltar es que en el Museo no están los casos Kamusi, Gero Ici, Tecnosa, el uso de equipos del IDR en manos de Albanisa ni todo lo que tiene que ver con “el pulpo”, la compra irregular de Laboratorios Ramos, el manejo de los bienes de Glencore que pasaron a manos de Albanisa, entre otros que se han dado en la actual Administración del presidente Daniel Ortega, pero que al parecer no aparecen en la galería por el “componente político” que les encierra. END llamó ayer a Estrada, pero éste no respondió su celular ni los mensajes que le dejamos.