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La Corte Suprema de Tailandia dispuso ayer confiscar más de la mitad de la fortuna de 2,300 millones de dólares del derrocado ex primer ministro Thaksin Shinawatra, al que juzgó culpable de abuso de poder a favor de su imperio de telecomunicaciones Shin Corp.

Los nueve magistrados de la Corte decidieron confiscar 46,370 millones de bahts (1,400 millones de dólares), de los 76,600 millones de bahts (2,300 millones de dólares) que representan los haberes, actualmente congelados, de Thaksin, un magnate de las telecomunicaciones.

El dinero proviene de la venta, en enero de 2006, de la mitad de las participaciones de su grupo de telecomunicaciones Shin Corp. a Singapourien Temasek. La transacción desencadenó entonces un escándalo e hizo caer en picado su popularidad. El dinero estaba congelado desde 2007.

Durante la lectura de la sentencia, que duró más de siete horas y que Tailandia esperaba desde hace meses, los magistrados redujeron la fuerza financiera del empresario, sin acabar del todo con ella.

"Confiscar toda la fortuna de Thaksin hubiese sido injusto", estimaron, tras haber establecido que "utilizó su poder" a favor de sus empresas. "Los dividendos de acciones y la venta de títulos de Shin Corp. suponen una riqueza adquirida con medios inapropiados", insistieron en la sentencia leída en directo en la televisión y la radio tailandesa.

Thaksin condenó de inmediato la decisión. "Es un asunto muy político. Se ha utilizado la Corte para deshacerse de un político", declaró el icono de los "camisas rojas" desde Dubái, donde vive exiliado. "Esta decisión será una broma para el mundo".

Usó pasaporte diplomático nica
El político fue elegido en 2001 y de nuevo en 2005, y derrocado por una Junta Militar al año siguiente. Desde 2008 vive en el exilio para eludir una condena de dos años de cárcel por malversaciones financieras en otro caso, y podría enfrentarse a otros juicios.

Thaksin, quien estuvo por un tiempo prófugo de la justicia de su país, viajaba el año pasado por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense, otorgado por el presidente Daniel Ortega, luego de que en febrero de 2009 éste lo nombrara Embajador en Misión Especial, para supuestamente facilitar su trabajo de “atraer inversión al país”.

Tailandia estaba obsesionada con el veredicto desde hace meses y temía una reacción violenta de las "camisas rojas", responsables en abril de 2009 de manifestaciones que dejaron dos muertos, y que forzaron la anulación de una cumbre asiática.

Unos 450 policías en uniforme guardaban el edificio del Tribunal ante un puñado de "rojos", cuyos responsables llamaron a una manifestación masiva el 14 de marzo.

El Gobierno anunció que está, en caso de necesidad, dispuesto a recurrir a una Ley de Excepción, e incluso decretar el estado de emergencia para mantener la seguridad en los próximos días.

"He pedido a todos los gobernadores que vigilen la situación, y en Bangkok los soldados intervendrán para ayudar a la Policía en 20 cordones policiales", indicó tras el veredicto Suthep Thaugsuban, vice primer ministro a cargo de la seguridad.

Esta tensión revela la brecha cada vez más profunda que se ha abierto en la sociedad tailandesa en los últimos años. Los "rojos", esencialmente las masas rurales del norte, reclaman un mejor reparto de las riquezas, y agradecen a Thaksin el haber llevado a cabo una política que les era favorable.

Las "camisas amarillas", apoyados por las elites tradicionales y monárquicas de Bangkok, quieren borrarle del paisaje político.