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La próxima semana, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dictaminará el proyecto de Ley de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, que vendrá a regular y ordenar el otorgamiento de beneficios a reos, sobre todo a los más peligrosos, aseguró el diputado José Pallais, presidente de dicha comisión.

“Esta ley se trabajó con apoyo de la Corte Suprema de Justicia y expertos internacionales, así que va a querer una revisión breve, pues ya tiene un buen nivel de consenso y esperamos que en unos dos meses se pase a plenario”, expresó el diputado.

“Mano dura” contra narcoliberaciones

Después de las cuestionadas narcoliberaciones en diciembre de 2009 y enero de 2010, denunciadas por EL NUEVO DIARIO, el diputado Pallais aseguró que “esta ley viene a poner mano dura” para evitarlas, ya que muchas veces los jueces otorgan “cóctel de beneficios” a reos que no lo merecen.

“Yo creo que vamos a aprovechar la oportunidad para corregir algunas discrecionalidades que se han dado y nosotros hemos denunciado. Hay que dejar en mediana claridad cuándo son aplicables los beneficios, qué beneficios son compatibles unos con otros y cuáles no lo son”, dijo el funcionario.

El diputado también explicó que esta ley permitirá que los jueces tengan una orientación más apropiada, más precisa de la legislación, para que no se actúe en base a una interpretación extensiva de los beneficios.

“Los jueces ahora están dando beneficio de un código y de otro código, lo cual no es correcto, ni constitucional. El juez tiene que escoger la ley aplicable al caso, no puede mezclar dos leyes porque si las mezclás, ya estás legislando”, dijo el parlamentario. “Esta ley es una oportunidad para orientar e ir poniéndole mayor claridad a ese asunto de las liberaciones”, agregó.

Pallais dio estas declaraciones durante la reunión que sostuvo la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal en la Suprema Corte el viernes último. En la misma línea, emitió sus críticas el viceministro de Gobernación Carlos Najar Centeno, que señaló que el otorgamiento de beneficios a ciertos reos de parte de los jueces de ejecución y vigilancia penitenciaria, entre estos la disminución de la pena por día laborado, no está haciéndose de manera honesta.

“Es que hay que unificar criterios. Ningún privado de libertad entra a trabajar desde que llega a la cárcel o es condenado, eso es mentira, primero se adapta, pero los jueces le aplican este beneficio argumentando que desde el primer año que está preso empezó a trabajar y se le reduce la pena o se suspende la pena, por eso hay que establecer criterios”, expuso Najar en la Comisión Nacional.

Terminará repartición de narcodólares

El diputado Pallais también informó que el dictamen de la Ley contra el Crimen Organizado ya fue finalizado y entregado el pasado dos de marzo a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, para que la ponga en Agenda del Día y ser discutida de una vez en el plenario.

“Esperamos conocerla en breve. Hay disposición de todos los jefes de bancada de apoyar esta tramitación. Este dictamen fue uno de los más trabajosos porque habían muchos intereses en juego”, expresó el diputado.

La parte que más costó para llegar a consenso fue la del capítulo sobre división de bienes provenientes del crimen organizado o narcotráfico, explicó Pallais, ya que se determinó que quien tiene que resguardar estos bienes es el Ministerio de Hacienda y éste los distribuirá de acuerdo a criterios contemplados en esta misma ley.

“Esta ley va a poner orden a todos los recursos que provienen de esos ilícitos y será el Ministerio de Hacienda el que los distribuya con plena transparencia y mucho orden”, aseguró el diputado.

El funcionario de la AN también recordó las divisiones de narcodólares y bienes abandonados de parte de la CSJ y de la Policía Nacional a través de amañadas sentencias judiciales, también denunciadas por este medio, y aseguró que eran totalmente ilegales.

“Esa repartición es incorrecta. Ese dinero debe entrar al Ministerio de Hacienda para terminar con esos abusos y mal manejo de esos bienes”, recalcó Pallais.

Una vez que los diputados de la AN aprueben y publiquen la ley, todas las instituciones del Estado tienen 30 días para reportar a la unidad rectora todos los bienes que estén bajo su administración provenientes del crimen organizado y narcotráfico, para tener un solo inventario de esos bienes, explicó Pallais.

Esta ley contra el crimen organizado también aportará a que el Estado tenga mejor capacidad para enfrentar este tipo de delito, mejores técnicas de investigación y nuevas ventajas procesales para ser más exitoso en el combate de estos ilícitos.