Amparo Aguilera
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Tras once días de haberse aprobado la conocida Ley de Moratoria, los 25 proveedores internacionales de fondos de las microfinancieras locales notificarán hoy al Presidente de la República, Daniel Ortega, que tienen “gran preocupación” por la recién aprobada Ley, y pedirán su “veto total” para continuar con el apoyo financiero al país.

Los fondeadores, que proceden de Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Holanda, Costa Rica, Bélgica, Italia y Luxemburgo, formaron un solo frente y advirtieron en un comunicado dirigido a Ortega, que la Ley “…no hace más que profundizar el deterioro del clima de inversión (en Nicaragua)”.

“Vulnerando la seguridad jurídica, sobre todo, Señor Presidente, porque después de las declaraciones de que la mencionada Ley sería retirada, los inversionistas y proveedores de fondos habíamos recuperado la confianza, razón por la cual no entendemos lo sucedido en la Asamblea Nacional”.

Además, reiteraron en el comunicado que “…estos impredecibles cambios en las reglas del juego minan nuestra confianza, y nos obligarían a actuar con mayor prudencia si la Ley fuese ratificada, debiendo tomar las medidas precautorias y de recuperación de adeudos en defensa de los intereses de nuestros depositantes e inversionistas particulares, que ven elevarse el riesgo de invertir en Nicaragua, frente a otras opciones y países”.

Esa es la segunda advertencia que hacen los fondeadores en menos de un año. La primera fue en septiembre de 2009, cuando indicaron su incomodidad ante la posición y acciones del llamado Movimiento del No Pago.

El presidente Ortega aún no se pronuncia respecto a la Ley que recibió el pasado viernes, lo que ha generado más incertidumbre en torno al tema. Aunque recibida la Ley, el mandatario tiene 15 días para analizarla y anunciar su posición de sancionarla o de vetarla, con las recomendaciones respectivas.

Wálmaro insiste: “Están tergiversando la Ley”

El presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, Julio Flores, ha reiterado que por la Ley de Moratoria este año está en juego el aporte de 70 millones de dólares de los proveedores, para la colocación de créditos en el sector.

Flores ha insistido en que si la Ley queda como está, ese dinero no se podrá recolocar, por lo que más de 80 mil personas no podrán producir y otro tanto quedará desempleada.

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, Róger Arteaga, indicó ayer que “urge” que Ortega emita su posición respecto a la Ley. “Y esperamos que sea acertada, esperamos que la vete, porque él mismo fue quien originó este problema: él, en un acto público, animó a los No Pago a no pagar y a tomarse las microfinancieras”, recordó.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, recalcó que “están tergiversando la Ley. Hay una sobre reacción en relación con la Ley. En primer lugar, insisto: no es inconstitucional, no es moratoria y no pone en riesgo el programa económico ni pone en entredicho los flujos de recursos al país”.

“La Ley salió del Parlamento por un problema que originaron las mismas microfinancieras al regar créditos sin el debido control de riesgo. Aplicando, además, tasas de interés por encima del techo estipulado en la Ley, que data de 2001, las tasas llegaron hasta al 80 y 100%, por una serie de cargos de las mismas microfinancieras”.

“Así que no me pueden decir a estas alturas de 2010 que se van a retirar los recursos por un ordenamiento jurídico que está vigente en Nicaragua desde 2001, porque la tasa de interés que aparece en la Ley que aprobamos, se apega a la que anuncia mes a mes el Banco Central de Nicaragua por mandato de la Ley de Préstamos entre Particulares”, subrayó.

El problema: “intervención del Estado en el mercado”

No obstante, el economista Alejandro Aráuz planteó que el punto de fondo es que la Ley aprobada por la Asamblea Nacional “genera ruido” en el exterior, porque no es lo que se ventila en el mercado financiero que se rige por la oferta y la demanda.

“La preocupación que hay es que el Estado, a través del Parlamento, está interviniendo en el mercado financiero mediante una Ley”, explicó.

Por tanto “es un precedente para que el Estado pueda intervenir en cualquier momento en el mercado sin ningún problema”, y esto “no es normal”, “no es lo que se acostumbra”, recordó Aráuz, quien espera que el presidente Ortega “sopese” la Ley.

“Y ojalá la vete en su totalidad para no obstaculizar el flujo de recursos al país, pues de lo contrario el crédito productivo a nivel del pequeño productor y de la micro y pequeña empresa, no sólo será más difícil de obtener, sino que será más caro”, auguró.