José Leonel Mendoza
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El director de Migración de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó que los inmigrantes nicaragüenses que se encuentran en situación irregular en el país, no deben dejarse “atemorizar” por la nueva Ley de Migración, porque tiene “un rostro más humano”, y procura “el respeto de sus derechos”.

Lo anterior lo declaró ante la zozobra mayúscula que ha despertado en los pinoleros ilegales, que diversos organismos calculan arriba de los 300 mil, la multa de 100 dólares que se establece por cada mes que estén ilegales o bien aplicar la prohibición de entrar al país (el triple del tiempo que estuvo irregular).

“Quiero recalcar que no se debe perder el carácter humano de la ley, la cual fue el fruto de los diversos organismos pro-migrantes y la iglesia católica. En ella garantizan los derechos laborales, sociales y humanos. Además se procura la integración de ellos a la sociedad y se establecen facilidades para que se regularicen”, reiteró Zamora.

EL NUEVO DIARIO, ante denuncias de varios compatriotas que han sido detenidos por no estar en derecho, y que les indicaron que pagarían los 100 dólares por mes que estuvo ilegal, consultó al jerarca de Migración, quien reconoció “que fue un error de los funcionarios cobrarlo” porque “falta reglamentar ese cobro”.

“Apenas estamos comenzando a trabajar en el reglamento. Esa multa no se debe cobrar y si alguien ha sido perjudicado que acuda a la Contraloría de Servicios. Fue un error y ya se orientó que no se debe aplicar. Creemos que será para finales de año, pues queremos darle tiempo a que se regularicen la mayor cantidad de personas”, aseguró el funcionario.

Otros cobros son incorrectos

Otro “error” en el inicio de la vigencia de la nueva ley, fue que se estaba cobrando 200 dólares para los extranjeros que iniciaban su trámite de residencia. “Ese cobro es para los que quieran cambiarse de categoría migratoria y los nicaragüenses que ingresaron con visa de turistas no se le debe cobrar pues el turista no es categoría”, explicó Zamora.

Asimismo, indicó que no es obligación que los extranjeros que desean su residencia presenten al inicio del proceso su pago a la Caja del Seguro Social. “Éste debe ser presentado hasta que se le haya autorizado la residencia, en tanto no es necesario”, sostuvo.

Por su lado, la Defensoría de los Habitantes expuso en una nota de prensa que es importante que se reglamente dicha ley para que se dé un efectivo cumplimiento de los derechos humanos de esta población.

“Pese a las reformas incorporadas en la legislación, estimamos necesario que las autoridades migratorias concentren su atención en este aspecto, de forma tal que se incorporen todas las herramientas necesarias, sin distinción alguna, independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren”, reza el documento.

Además, pidió que se capacite al personal migratorio e instancias que tienen contacto con la población migrante y refugiada, para el adecuado cumplimiento de la nueva normativa.

Los aspectos que la Defensoría exhortó cumplir son: la definición de plazos máximos de detención administrativa (cuando son capturados los ilegales) y el establecimiento de medidas cautelares dentro de un procedimiento administrativo diferentes a la detención.

Además que la persona extranjera tendrá derecho a permanecer durante el periodo de aprehensión en un lugar que cuente con las condiciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso, considerando, asimismo, las especificidades de género, de edad o discapacidad.

La eliminación de la franja de 50 kilómetros adyacentes a la frontera para efectos de rechazo administrativo e inclusión de la obligación de que las autoridades encargadas de ejecutarlo, emitan un acta en la que se indiquen: los motivos, autoridad policial y/o migratoria que verificó los supuestos; posibilidad de impugnación en sede consular, sin que ésta tenga efecto suspensivo, entre otros.