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Representantes de organizaciones de derechos humanos rechazaron la “privatización” de los resultados de las elecciones de las autoridades de los Consejos de las Regiones Autónomas del Atlántico nicaragüense, y señalaron que fue organizada por magistrados de un Consejo Supremo Electoral que manejan esa institución pública como si fuera su finca particular, limitando la información, la observación y eliminando la transparencia de procesos que determinan el rumbo del país.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, remarcó que cualquier resultado de las elecciones regionales estará cuestionado, “no por lo que pasó ayer --el domingo--, sino por el referente de un CSE arbitrario y excluyente, que no reúne las condiciones básicas para considerarlo auténtico, sin cumplir con estándares básicos en materia electoral. Eso es lo que tenemos en Nicaragua”.

Se adueña de instituciones públicas
El representante del Cenidh dijo que monitoreando las noticias, observó cómo los medios de comunicación independientes quedaron burlados con las credenciales oficiales en la mano, sin que se les permitiera la entrada, porque los magistrados electorales son quienes deciden a quién le dan o no una entrevista, o a quién permiten estar en una conferencia oficial. Señaló que así restringieron a EL NUEVO DIARIO, entre otros medios, cuando un funcionario público y en una actividad pública, no tiene esa potestad.

“¿Por qué deciden si a unos les dan entrevistas y a otros no? No tienen autoridad para eso. Manejan las instituciones públicas como si fueran sus fincas, como dueños o capataces de las instituciones cuyas funciones son pagadas por nuestros impuestos. Cuando la información del Estado debe ser libre, sin obstáculos”, declaró Carrión.

Remarcó que todo lo manejan “discrecional y arbitrariamente, porque saben que no aguantan cuestionamientos de sus manejos turbios en las instituciones. Por eso no quieren dar la cara, no tienen fundamentos para responder las preguntas de la organización y del proceso electoral que decide el futuro del país”.

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo que fue increíble que se obstaculizara el trabajo de los medios independientes, evitando que se brindara una información más objetiva.

Una serie de denuncias
“Hay muchas dudas que el Consejo Supremo Electoral tiene que aclarar, en cuanto a las elecciones regionales. No queremos tener ese mal sabor que quedó en las elecciones municipales de 2008, de cuyos comicios hasta hoy se desconocen sus resultados finales”.

Carmona dijo que movilizaron a un grupo de su organización a Bonanza, Siuna, Rosita y Puerto Cabezas, quienes informaron problemas porque la tinta no era indeleble y hay denuncias de que algunos ciudadanos votaron varias veces, que a menores de 16 años les entregaron cédulas y votaron, además de la entrega de cédulas sólo a ciudadanos afines al partido de gobierno, y la exclusión de fiscales de los partidos políticos opositores.

“Todo esto hace indicar que hubo un proceso irregular, por falta de observación electoral, pues no se garantizó la transparencia del suceso. Hay que recordarle esto a los diputados; que a la hora de elegir, que no sea a los mismos magistrados, quienes han dejado mucho qué desear, no respetan la Constitución de la República y mucho menos la voluntad del pueblo nicaragüense”, expresó el director de la CPDH.