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La Ley para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora, conocida como Ley de Moratoria, podría ser sancionada por el presidente de la República, Daniel Ortega, para su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, pero inmediatamente sería recurrida por inconstitucionalidad por los afectados, según informaron fuentes cercanas al Gobierno.

La medida supondría una salida menos traumática para el Ejecutivo, que podría dejar en suspenso de manera indefinida la nueva Ley, obligando a las partes a una negociación.

Según la fuente, el presidente Ortega no vetará la ley, sino que se irá por la vía del recurso contra la Ley. De esta forma pasará el problema a la jurisdicción del Poder Judicial.

Otros escenarios
El economista Arturo Grigsby sostuvo que, definitivamente, está la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, sea la entidad que defina el futuro de la Ley.

“Esto ya ocurrió una vez. La Corte estableció una sentencia en la cual indicaba que la única institución autorizada para regular tasas de interés es el Banco Central, y en este caso (Ley de Moratoria) tenemos una Asamblea Nacional regulando tasas de interés e invadiendo una jurisdicción que es del Banco”, planteó.

“Basado en esa sentencia, es posible que la Corte resuelva que el Parlamento invadió funciones que competen al Banco Central”.

El Banco Central, en realidad, es el que anuncia las tasas promedio ponderado del mercado, partiendo de la Ley de Préstamos entre Particulares.

El experto, sin embargo, también planteó otros escenarios: “Puede pasar que el presidente Ortega no vete la Ley y mande su pronta aplicación. Si eso ocurre, a nivel internacional sería interpretado como una señal de que el Gobierno puede intervenir discrecionalmente en el ordenamiento jurídico local, y, en ese escenario, está en riesgo la renovación de líneas de financiamiento, tal como lo han expresado las microfinancieras”.

Dijo que “también es posible que surjan conflictos aun con la Ley. El Movimiento ‘No Pago’ querrá negociar la tasa de interés del 16 por ciento para abajo, y puede que se llegue a los cuatro meses (período de aplicación de la Ley) sin nada resuelto, sin acuerdos entre las partes, porque las microfinancieras no querrán poner más en riesgo sus recursos”, advirtió.

El menos grave para Nicaragua
“Si el presidente Ortega la veta, al menos dejaría claro que respeta el ordenamiento jurídico. Así, el riesgo de prestar a las instituciones financieras nicaragüenses sería menor, y eso puede evitar que haya cancelación del financiamiento. Aunque a nivel interno el Movimiento ‘No Pago’ haría sus acciones, pero éste sería el escenario menos grave para Nicaragua”, subrayó.

En eso coincidió el experto fiscal René Vallecillo. El especialista mencionó que al vetar la Ley, el único problema sería la inconformidad del “No Pago”.

“Claro, podría tener cierto costo político, aunque no tanto como el que tendría el Presidente si no veta la Ley, ya que serían 80 mil personas las afectadas, entre productores y comerciantes, sin incluir las que perderían el empleo por esa decisión”, valoró.