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El concejal conservador en la Alcaldía de Managua, Luciano García, acusó al gobierno de España de avalar la confiscación de los terrenos donde funciona el vertedero municipal La Chureca, en el barrio Acahualinca, y donde la municipalidad desarrolla un proyecto para sanear el lugar y construir viviendas para sus habitantes.

Según García, “el área danielista de la Corte Suprema de Justicia ha estado violando sistemáticamente la Constitución de la República, y ahora lo hace con el caso de La Chureca, y el gobierno de España es cómplice de ello”.

Expresó que la embajada de España no ha querido recibir a la familia Martínez, afectada por la confiscación de los terrenos de este vertedero de basura.

Señaló que la actuación de la Procuraduría General de la República es ilegal, ya que ésta no puede declarar el terreno de utilidad pública cuando se había estado negociando con los propietarios del terreno. Además, la PGR violó la Ley 40, Ley de Municipios, al donar a la municipalidad el terreno que ocupa actualmente el vertedero. “Esta donación tiene que aprobarla el Concejo de Managua”. No hay ninguna ordenanza en la que se diga que se acepta la donación, expresó García.

No obstante, la PGR a través de una nota en su sitio web, explica el procedimiento utilizado para la declaratoria de utilidad pública por parte de ellos y el procedimiento utilizado para trasladar los bienes a la Alcaldía de Managua.

Explicaciones de PGR
“En este proceso no tiene cabida ninguna declaratoria de utilidad pública, porque el trámite formal de expropiación es diferente y contradictorio con el trámite de la Ley 278, por el cual se rige la PGR. La declaratoria de utilidad pública decretada por la Alcaldía, nunca se ejecutó y ante la imposibilidad de lograr su cometido por razones diversas, se hizo a “petición de oficio” ante la CNRC (Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones), a través de la Intendencia de la Propiedad”, justifica la PGR.

Agrega que “la PGR también podía aplicar la Ley 309, en virtud del cual el Estado, a través de la PGR, traspasa la propiedad al municipio y la alcaldía entrega los títulos a las familias beneficiadas, pues existe un asentamiento espontáneo. En este caso no hay pago al anterior dueño de parte de las familias porque el Estado ya asumió la indemnización correspondiente”.

Una indemnización que nunca se logró, ya que el acuerdo firmado por el ex alcalde de Managua, Dionisio Marenco, no se realizó, afirma García. El acuerdo fue de 120 millones de córdobas, los cuales se darían en dos pagos, uno de 50 millones de córdobas en 2009 y otro de 70 al año siguiente.

No obstante, la Alcaldía de Managua, pese a haber un acuerdo entra las partes, además de la ratificación por el Concejo en 2008, reformó con su mayoría oficialista el presupuesto municipal, rompiendo el acuerdo de pago y eliminando la partida destinada a la cancelación de esta deuda.

Por otro lado, el ex Procurador General de la República declaró en agosto del año pasado a EL NUEVO DIARIO “que el Estado de Nicaragua se extralimitó en sus funciones al ofrecer a la familia Martínez, dueños de los predios donde las autoridades municipales asentaron hace 40 años el basurero municipal La Chureca, una indemnización en bonos del Tesoro”.

En este sentido, agregó que “el Estado no puede asumir deudas de otras instituciones que gozan con leyes y autonomía propia”.