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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó ayer la resolución referente al recurso de amparo interpuesto a favor de Indiana Martínez, una de las propietarias de la finca Santa Isabel (propiedad conocida como “La Chureca”), ya que había sido firmada sólo por el magistrado presidente de dicha Sala, Francisco Rosales y no de forma colegiada.

“Se revocó la resolución del doctor Rosales y se admitió el recurso de amparo”, afirmó Rafael Solís, Vicepresidente de la CSJ y miembro de la Sala Constitucional.

Mientras tanto, el magistrado Sergio Cuarezma, miembro de la misma Sala, expresó que “la Sala había reconocido su error”, ya que no se puede andar radicando expedientes y menos refiriéndose al fondo del asunto, sin antes discutirse para ser firmada por mayoría”.

Amparo por usurpación
El recurso de amparo presentado por la perjudicada es referente a la usurpación y apoderamiento de su propiedad por parte del Estado (Alcaldía de Managua) para construir viviendas de interés social para quienes laboran en el botadero, sin terminar la negociación de pago con los dueños de la propiedad.

Según Roberto Argüello Hurtado, abogado de la afectada, el auto que mandó a notificar el magistrado Rosales la semana pasada, no era de mero trámite, sino interlocutoria (de fondo), ya que admitía el recurso para su tramitación, rechazaba la suspensión del acto y negaba la apertura a pruebas; actividades que sólo las puede hacer la Sala Constitucional y no uno de sus miembros.

Solís también agregó que mandó a citar a las partes (Procuraduría General de la República, Alcaldía de Managua y propietarios) para el próximo miércoles, y que cada una brinde su informe y declare lo que estime a bien.

No hay suspensión del acto
Lo que la Sala no dio “ha lugar”, entre las solicitudes de Argüello, fue a la suspensión del acto, es decir, los movimientos de tierra para el proyecto pueden seguir y a la recusación de Rosales.

Para el magistrado Cuarezma, esta revocación de sentencia queda de precedente en la Sala para que en un futuro se respete la decisión colegiada, “no sólo porque seis piensan más que uno, sino porque es una forma de control interno para evitar abusos de poder, establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Más cooperación en riesgo
La Alcaldía de Managua y el Gobierno de Nicaragua tienen que evitar que el caso del vertedero municipal de Acahualinca, La Chureca, llegue al congreso de España, ya que eso podría provocar el corte no sólo del proyecto que se desarrolla en el lugar, sino el corte de toda la cooperación española, advirtió el concejal liberal, Leonel Téller.

Aseguró que esto sería un error grave, cuya responsabilidad recaería sobre la alcaldesa Daysi Torres y sobre el mismo presidente Daniel Ortega, “por haber permitido que la Procuraduría General de la República haya violado la Constitución”.

“En Nicaragua no existe la confiscación”, señaló en referencia a la medida tomada por el gobierno en contra de la familia Martínez, propietaria de la finca Santa Isabel, donde se encuentra ubicado el vertedero.

Según Téller, si la alcaldía le paga lo que le corresponde a la familia Martínez, se resolvería todo el conflicto, y agrega que ya existía una declaratoria de utilidad pública, pero para eso hay que seguir un procedimiento legal.

Primero, el Concejo declara de utilidad pública la propiedad. Una vez aprobado esto, se remite a la expropiación. En este estado “la misma Constitución te dice que cuando se aplica una declaratoria de utilidad pública, se tiene que pagar en efectivo y a precio justo. La alcaldía tiene que mandar peritos a valorar la propiedad”, explicó.

Esto se había hecho durante la administración del ex alcalde Dionisio Marenco, pero en la actual administración se borró todo. Téller insistió en que, además, la PGR violó la Ley de Autonomía Municipal (Ley 40), ya que se atribuyó funciones de la municipalidad.

No obstante, calificó de delicada la situación, ya que podría estar en riesgo la cooperación española, y, de rebote, podría arrastrar a la cooperación de la Unión Europea en general.

“Ya no podemos permitir que se le siga cortando la cooperación para el desarrollo al pueblo de Nicaragua, se tiene que compensar, que es lo justo”, puntualizó el concejal.