Ernesto García
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El país por cárcel y la suspensión de sus funciones como operario de báscula en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, le impuso la jueza Segundo Distrito Penal de Audiencia, María Concepción Ugarte a Carlos Marcio Castellón, acusado de cohecho cometido por empleado público.

Para cumplir con la primera disposición, la judicial giró un oficio a la Dirección de Migración y Extranjería, donde les notifica que Castellón tiene prohibido salir del país.

La judicial también estableció como medida precautelar, la presentación periódica de Castellón los miércoles de la primera y tercera semana de cada mes, ante la Oficina de Control de Procesados.

Ugarte, quien fijó la audiencia inicial para el próximo 23 de marzo, dijo durante el tiempo previo al juicio, que el imputado deberá estar bajo el cuido de un familiar, quien tendrá que acompañarlo a la firma de control de detenido.

En la acusación presentada por la Fiscalía, se señala que el acusado cobró a Jairo José Dávila y Luis Carlos Chacón, conductores de dos furgones cargados de chatarra 30 y 60 dólares para no multarlos por el exceso de peso en las cargas que transportaban.

El cohecho en el que presuntamente incurrió Castellón, quedó al descubierto cuando patrulleros de carretera les hicieron alto después de haber pasado la báscula del MTI ubicada a la altura del kilómetro 20 de la carretera nueva Managua- León.

Como los furgoneros no atendieron la voz de alto dada por los agentes policiales, fueron interceptados por las autoridades en la entrada a Mateare, donde confesaron que huían por ir sobrecargados, y que habían pagado al operario de la báscula para no ser multados.

Entre las principales pruebas con las que cuenta el Ministerio Público para incriminar a Castellón en el juicio, están los billetes de 10 y 20 dólares que le ocupó la Policía, con los que supuestamente los furgoneros pagaron “la mordida”.