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El gobierno de España reaccionó a las publicaciones de EL NUEVO DIARIO sobre el caso de La Chureca y guardó distancia del conflicto legal que tiene la familia Martínez, propietaria de los terrenos donde se ubica el vertedero de basura, con la Alcaldía de Managua y el Gobierno Nicaragüense.

A través de un comunicado, la embajada ibérica en Nicaragua afirmó que “en ningún momento, las autoridades españolas han intervenido en los procedimientos internos de Nicaragua tendentes a la adquisición de la titularidad pública de los terrenos del proyecto”.

Agregó también que “tampoco los representantes españoles se han pronunciado ni en público, ni en privado, sobre el procedimiento seguido, ya que éste es de exclusiva competencia de las autoridades nicaragüenses”.

La reacción se da después de que la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, aceptara el recurso de amparo interpuesto por Indiana Martínez, reclamando la debida indemnización de los terrenos, y rechazando una resolución de un magistrado, Francisco Rosales que fallaba en contra.

Por su parte, la alcaldesa de Managua, Daysi Torres Bosques, dio por cerrado una vez más el caso, asegurando la semana pasada que esos terrenos son de la comuna puesto que la Procuraduría General de la República les entregó la escritura de propiedad.

Proyecto de impacto social y económico

Por otro lado, la Embajada de España defendió los alcances del proyecto y la voluntad del gobierno español de apoyarlo. “El proyecto de La Chureca generará un gran impacto socioeconómico y medioambiental para la ciudad de Managua y sus habitantes”.

En este sentido, sostienen que “es, además, el proyecto de más envergadura y complejidad de cuantos desarrolla la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en toda América”.

Por otro lado, sostienen que la legalización de los terrenos donde se ubica el proyecto, fue un compromiso del gobierno nicaragüense en lo que España no tiene nada que ver. “En virtud de estos acuerdos, la contraparte nicaragüense asumió el compromiso de adquirir la titularidad de los terrenos en los que se desarrollo el Proyecto, siendo competencia de las autoridades nicaragüenses la impulsión y seguimiento de los trámites procedentes para alcanzar este resultado de conformidad con el ordenamiento jurídico interno nicaragüense”.

El proyecto constituirá la desaparición de La Chureca como el basurero municipal, y se convertirá en una zona de desarrollo urbano que incluirá la construcción de unas 240 viviendas para los trabajadores del vertedero, la construcción de una planta de tratamiento de basura, y una opción de empleos para la gente que trabaja en el lugar y habitantes de los barrios aledaños. Todo esto tendrá un costo superior a los 45 millones de dólares, otorgados por el gobierno de España a través de la Aecid.