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El abogado de la señora Indiana Martínez, doctor Roberto Argüello Hurtado, a quien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le aceptó el Recurso de Amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia, no ha sido citado a la CSJ para ventilar hoy el tema del recurso de amparo, según informó Gabriel Martínez, miembro de la familia.

Por otro lado, rechazó la posición de la cooperación española, asegurando que no es posible que alguien venga a invertir a un país sin haber resuelto la situación legal del terreno. “Los Martínez no estamos de acuerdo para nada con esa postura porque primero debemos resolver una situación legal: no voy a invertir mil millones de córdobas en un terreno que no es mío”.

Incluso, España, que ocupa la presidencia de la Unión Europea, puede gestionar con los demás países los seis millones de dólares para indemnizar a la familia Martínez, dijo.

Este lunes, la Embajada de esa nación dio a conocer un comunicado en el que guardaron distancia del problema legal de los terrenos que ocupa el vertedero de basura municipal La Chureca, en el cual la Cooperación Española desarrolla uno de los más ambiciosos proyectos tendiente a limpiar el lugar y construir viviendas para los habitantes de la zona.

La familia Martínez reclama una justa indemnización por la expropiación de sus terrenos tal y como lo manda la ley, para evitar que el proyecto llegue a paralizarse si el conflicto se incrementa.

Gabriel Martínez agregó que si la Corte no les da pase al recurso de amparo, continuarán por la vía de lo contencioso administrativo, para lo cual también ya existe un recurso interpuesto en la sala correspondiente de la CSJ.

Jarquín justifica acción confiscatoria
El presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, del Parlamento, Agustín Jarquín, aseguró que la familia Martínez no tiene razón en sus pretensiones de reclamar la propiedad, pues según los documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) éste es un conflicto de vieja data.

“Los demandantes no tienen razón, porque desde la década de los 80 se viene recurriendo por estos casos, además hubo tensiones entre los mismos familiares”, afirmó Jarquín, quien aclaró que ésta es una posición personal y no de la Comisión.

Destacó que el tema ha sido llevado a la Comisión, pero todavía no han discutido. “El diputado que planteó el caso no llegó a la reunión cuando se iba a discutir, por lo que no hablamos del tema”.

Advirtió que, incluso, éste es un caso para resolverse bajo el ámbito de aplicación de la Ley 309, de Asentamientos Espontáneos, pues la gente lleva varios años habitando en el lugar. “Diría que los originarios dueños de esos terrenos no negociaron adecuadamente”.