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Gonzalo Carrión, ante las explicaciones públicas del Ministerio Público sobre la base de los alegatos presentados para dictar sentencia de 12 años contra la madre de una niña violada, dijo que son evidentemente cuestionables, y su única fuerza radica en que la madre no cuidó, ni previó el abuso.

El director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señaló que si bien pudieran demostrar que la madre incumplió el deber de cuido al enviarla a la casa de un conocido para que realizara quehaceres domésticos, la falta de ese deber no hace una conexión directa para concluir que la mamá era cooperadora necesaria para la violación con un interés económico.

“Desde el espíritu del Código Procesal Penal se debe demostrar de manera precisa y circunstanciada la relación para que el hecho final de la violación se haya dado”, dijo, para subrayar que “sin una demostración contundente no estaríamos hablando de una probada cooperación”.

En la acusación el Ministerio Público dicta: “La madre de la víctima permitió por espacio de un año que el acusado, Irving Osvaldo Ramírez Siles, abusara sexualmente de la víctima desde que tenía once años de edad hasta que cumplió los doce años, hechos de los cuales la acusada pretendía desconocer y que admite como conocidos hasta que la víctima, hastiada de todo lo que le sucedía por el acusado, se los manifestó. La gravedad, como se observa, es que la acusada era y es la primera persona llamada por el Estado y la Sociedad dirigida a proteger a la víctima de cualquier tipo de agresión que perjudique su desarrollo físico y emocional como persona”.

Según el documento acusatorio, la madre de la niña abusada tenía un interés de obtener beneficios materiales por parte de Irving Osvaldo Ramírez Siles, permitiendo el abuso constante hacia la víctima, y que, a la vez, el acusado se mostraba ante la víctima como un proveedor de bienestar material para mantenerla bajo la ilusión de un mundo de estabilidad económica y social falsa, ya que ninguno de sus obsequios era dado sin la gratificación sexual que el acusado podía obtener de la víctima.

La presión del sujeto contra la niña
Lo anterior se dice, a pesar de que en las mismas pruebas testificales del Ministerio Público está argumentado que cuando la niña ponía resistencia a los abusos de Irving Osvaldo Ramírez Siles, el cobarde la amenazaba con el hecho de que él tenía dinero y amigos influyentes que le ayudarían a meter presa su mamá, en vez de ser él la persona que terminaría encarcelada.

Carrión señaló que si en realidad había un consentimiento de la madre, entonces, ¿por qué la niña era amenazada por el violador o por qué la madre llegó a reclamar al abusador Irving Osvaldo Ramírez Siles, o por qué fue ante las autoridades a poner ella misma la denuncia?
Por otra parte, como no rola en el expediente del caso, Carrión pregunta al Ministerio Público que si en algún momento, cuando la mamá de la víctima llegó a interponer la denuncia, ellos le notificaron que buscara a un abogado para que se defendiera, pues sus alegatos la incriminaban. De no ser así, los fiscales violentaron el derecho de la acusada a su debida defensa, a no declarar contra ella misma y a conocer que era investigada.

Por otra parte, indicó que la condena contra la mamá de la niña violada podría tener el extremo absurdo, como muchas veces ocurre en nuestro sistema judicial, que si por casualidad la Policía captura a Irving Osvaldo Ramírez Siles y no se demuestra su culpabilidad, entonces la madre con una condena de 12 años, ¿de quién era cooperante necesaria?

Sobre la beligerancia del Ministerio Público en el seguimiento del caso contra Irving Osvaldo Ramírez Siles, acusado por violación, Carrión dijo que los fiscales tienen toda la responsabilidad de dar seguimiento al proceso y ver que se giren las órdenes de captura necesarias, porque su trabajo es que se haga justicia, tal como el lema institucional lo dice en grandes letras.

“No se salvan de su responsabilidad con decir que ya hicieron la solicitud de captura --hace un año-- y que el resto es labor de la Policía del Distrito III que no hizo nada. Ellos tienen que estar sobre el caso y deben ver que la justicia se mueva y se cumpla”, comentó el abogado del Cenidh.