Lizbeth García
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Después de 15 años de trabajar para el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, como operador de báscula, Carlos Marcio Castellón Montano, de 45 años, se convertirá en el primer operador de este tipo de equipos en ser enjuiciado por presuntamente aceptar las mordidas de dos camioneros.

El fiscal auxiliar, Leonidas Baltasar, explicó que efectivamente Castellón es el primer acusado por cohecho cometido por autoridad, funcionario o empleado público, pero en los próximos días un segundo operador de báscula será acusado por aparentemente haber incurrido en ese mismo ilícito.

Ayer, el Ministerio Público presentó a la jueza Segundo Penal de Audiencias de Managua, María Concepción Ugarte, las pruebas que tienen contra Castellón, las que fueron admitidas por la judicial, quien elevó la causa a juicio y le reconfirmó al acusado las medidas cautelares que le impusieron en la audiencia preliminar celebrada el pasado diez de marzo (suspensión en el cargo, presentación periódica y prohibición de salir de Nicaragua).

Según la acusación, el siete de marzo Carlos Marcio Castellón estaba trabajando en la báscula que el MTI tiene en Mateare, adonde se presentaron los costarricenses Carlos Pérez Recio y Jairo Dávila, quienes conducían dos camiones cargados de chatarra y hierro.

Antes del arribo de los costarricenses, dos camioneros habían sido multados por llevar exceso de carga, por lo que cuando supuestamente el operador de la báscula les dijo a los extranjeros “cuánto le iban a dar” por dejarlos pasar con sobrepeso y sin boleta de pesaje, no dudaron en mandarle a decir que sólo andaban 90 dólares entre los dos.

Según la Fiscalía, el acusado aceptó el dinero y dejó pasar a los camioneros, pero 50 metros más adelante, la Policía les hizo alto y como no les hicieron caso, los persiguieron por tres kilómetros hasta detenerlos, momento en el que confesaron que habían sobornado al empleado del MTI.

Cabe aclarar que llevar sobrepeso de carga no es un delito, sino una falta que se paga mediante una multa, pero en este caso, el ilícito es que hubo un soborno que supuestamente fue aceptado por un funcionario público, por lo que el perjudicado es el Estado.