Lizbeth García
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Pedro Jiménez Cantarero, de 45 años, mejor conocido como “El Carnicero” de Tipitapa, seguirá preso hasta completar los 25 años de cárcel que le impusieron por el asesinato de su mujer, Silvia de los Ángeles Aguirre Palacios, porque la jueza Roxana Zapata determinó que la solicitud de rectificación de pena y extinción de la responsabilidad penal que hizo el reo por medio de su abogado, es improcedente.

“La defensa pretende una modificación de pena sobre una modificación ya realizada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que conoció el recurso de revisión”, explicó la jueza Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia, quien recordó que el 19 de diciembre del 2008, la Sala Penal del máximo tribunal redujo la pena para Jiménez, de 30 años de presidio a 25 años de prisión.

Por otro lado, la defensa pretende obviar los agravantes que el juez de primera instancia estableció, los que fueron confirmados por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones, que determinó que Pedro Jiménez incurrió en los agravantes establecidos el inciso dos del artículo 135 del Código Penal, apuntó Zapata.

El mencionado artículo establece que quien mutile o descuartice a una víctima, como hizo Jiménez con Silvia Aguirre, se hará merecedor de la pena más grave establecida en la ley.

“Por lo antes expuesto, la suscrita debe rechazar el incidente de rectificación de sentencia promovida por la defensa a favor de Pedro Jiménez por ser notoriamente improcedente, en virtud de que ya se ha aplicado el principio de irretroactividad de la ley, en consecuencia no ha lugar a la extinción de la responsabilidad penal”, dice la parte medular de la resolución donde la jueza le deja abierta la posibilidad a “El Carnicero de Tipitapa” para que apele.

Aplauden la decisión judicial
El director de defensa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, y Sonia Aguirre Palacios, hermana de la víctima, aplaudieron la resolución, porque por medio de una misiva enviada a la juez señalaron que otorgarle un segundo beneficio al asesino, hubiese sido una segunda ofensa para la familia y la sociedad nicaragüense, lo cual se traduciría en impunidad y violación al principio de igualdad ante la ley.