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La abogada y ex fiscal del Ministerio Público, Michelle Geraldine Bonilla Martínez, en compañía de la asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, pasará un informe a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, para que los diputados conozcan de las múltiples violaciones a las leyes del país, que según ella, ha cometido el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, quien se niega a cancelarle sus prestaciones laborales.

Bonilla Martínez lleva tres años luchando por sus derechos laborales contra el Ministerio Público, MP, sin que a la fecha tal institución cumpla con las disposiciones dictadas por diferentes instituciones públicas, de pagarle su liquidación salarial, luego de que ella fuera despedida el 11 de enero de 2006, por negarse a ser trasladada a una delegación de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Aclaró que no aceptó tal cambio porque no podía descuidar a sus hijos que habitan junto a ella en la capital.

“Estamos en un estado de derecho en el cual los funcionarios públicos, en este caso y muy irónicamente, el fiscal general que representa a las víctimas en el delito es mi victimario y no tengo a nadie, excepto a Dios, que me apoya y a la CPDH, que alza la voz y me acompaña en decir: sí te están violentando tus derechos”, denunció Bonilla.

Llamamos al fiscal general Centeno y a la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, para conocer la versión del MP en relación con la denuncia, pero éstos no contestaron nuestras llamadas.

“Fiscal debería ser destituido”
Álvaro Leiva, responsable de la Oficina de Asuntos Laborales del Departamento Legal de la CPDH, consideró que “el fiscal general de la República debería ser destituido”, debido a que ha violado los derechos constitucionales, laborales y humanos de Bonilla, por lo que solicitarán a la Comisión de Justicia de la AN que lo obligue a dar explicaciones de su negativa en pagarle.

“Nosotros consideramos que no sólo debe ser interpelado, sino que debe ser destituido de forma inmediata y sin más trámite, porque la relación de hechos y toda la documentación que se ha presentado, evidencian de manera abundante y suficiente que existe un desacato a una sentencia”, señaló Leiva.

Hace ya un año, la juez primero Distrito del Trabajo de Managua ordenó al MP el pago de las prestaciones laborales de Bonilla, pero hasta la fecha Centeno Gómez ha hecho caso omiso a la orden judicial.

La Fiscalía en dos ocasiones ha acusado a Bonilla Martínez por el delito de usurpación de título y funciones, pero en ambas los judiciales a cargo de los casos no le han dado a lugar a la misma, y han dejado abierta la opción de que el MP puede acusarla una vez más.