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La reciente aprobación de la ley que establece condiciones básicas como tasas de interés prefijadas, para la renegociación de adeudos entre microfinancieras y deudores en mora, ha provocado preocupación entre los agentes fondeadores de recursos para el país. Uno de ellos es BBVA Codespa Microfinanzas, que valoró de alto riesgo la situación del sector en Nicaragua.

El fondo de inversión libre BBVA Codespa Microfinanzas se constituye con la finalidad de promover el desarrollo de la industria microfinanciera en América Latina. Canaliza financiamiento para instituciones de microfinanzas, IMF, de la región. Fue creado en octubre de 2006, y cuenta con una reserva de 28 millones de euros (37,840,320 dólares).

Según el último informe de BBVA Codespa Microfinanzas, la situación del sector microfinanciero en Centroamérica registró el año pasado situaciones del alto riesgo. En el caso de Honduras, esto se agravó por el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, mientras que en Nicaragua “el movimiento ‘No Pago’, promovido en un inicio por su presidente (Daniel) Ortega, causó inestabilidad en el país, repercutiendo en las instituciones microfinancieras, IMF, y en consecuencia afectando a la rentabilidad del fondo en el mes de diciembre”.

De esta forma, el Fondo advierte que “ha continuado en el último trimestre con su política de carácter conservador, invirtiendo en aquellos países con buen entorno político y económico”.

Este fondo tiene inversiones importantes con tres financieras nacionales que ocupan el 13 por ciento de la cartera del mismo, posicionándose en el cuarto lugar en Latinoamérica.

No hay veto, y la Ley va
Por otro lado, la Ley para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora, es una realidad a la que tienen que acomodarse las microfinancieras nacionales, según lo afirmó el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro.

“Remitimos la Ley al presidente el 8 de marzo, si hacés la cuenta, son 15 días, el día de ayer 23 de marzo vencía el plazo”, explicó Navarro, también primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

El diputado aseguró que “haría una última revisión para verificar si realmente es así la situación”, y si el plazo ya expiró, “ahora lo que cabe es transcurrido el plazo, mandar a publicar la ley, que me compete a mí mandar a publicarla lo cual haría a más tardar el viernes (26 de abril)”. De acuerdo con el proceso de formación de la ley, el presidente tiene un plazo de quince días para vetarla, plazo que, de acuerdo con el Poder Legislativo, ya se cumplió esta semana.

El legislador calificó de irresponsables a quienes tratan de reformar una ley que “apenas está empezando a entrar en vigencia”.

Agregó que “nosotros (PLC) nos apuntamos porque negocien, ya había una negociación entre Asomif (Asociación de Microfinanzas de Nicaragua) y los No Pago”.

No obstante, responsabilizó al presidente Daniel Ortega por haber sido él quien incentivó al movimiento de los “No Pago”.

“El verdadero responsable de todo esto es Daniel Ortega, el que creó a los ‘No Pago’, fue él, quien les dijo: vayan a tomarse las sucursales. Él tenía que haberlo solucionado con el veto para dar chance a una negociación. Si él no lo hace, la Asamblea Nacional no tiene por qué cargar con eso”, aseguró Navarro, el único que no firmó el dictamen en el que se establecía por ley, una tasa de interés en una contratación privada.

Aseguró, además, que no ve condiciones en la Asamblea Nacional para discutir una reforma a la Ley.

Este poder del Estado ha estado enfrascado en fuertes disputas políticas por nombrar a nuevos funcionarios públicos que ocuparán cargos en los diferentes poderes del Estado.