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Aunque el proyecto hidroeléctrico Tumarín aportará energía eléctrica barata al país, eso no conducirá a una reducción en la tarifa de los consumidores, pues el gobierno y los empresarios ya acordaron un precio fijo para este suministro, el cual es similar a los precios ahora existentes en el mercado energético.

Alfredo Guerrero Ruiz, ingeniero hidráulico y ex titular del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), así lo denunció en dos cartas abiertas dirigidas a Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Guerrero Ruiz señala en su primera misiva que “hay un informe confidencial indicando que el MEM suscribió ya un convenio con los dueños de la planta Tumarín, donde estas venderán el kilowatts a US$ 12.00 centavos de dólar a Entresa”.

El proyecto hidroeléctrico Tumarín es construido por la firma Centrales Hidroeléctricas de Centroamérica, CHC, que pertenece al consorcio brasileño Queiroz Galvâo. Según Guerrero Ruiz, ellos venderían a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel (antes Entresa), la producción de energía.

Subraya el ex titular del INAA que a este precio acordado por el gobierno y CHC, se le debe sumar un 20 por ciento que es la utilidad de Disnorte y Dissur (Unión Fenosa), lo que dejaría el costo final por kilowatts para los consumidores en 14 dólares con 50 centavos.

¿Cuál es el beneficio al pueblo?
Precisa que este último monto está “muy cerca del precio promedio con que Disnorte y Dissur están vendiendo hoy por hoy a los usuarios de la energía. Me pregunto: ¿Qué beneficio traería, entonces, esta planta Tumarín al pueblo consumidor?”, expresa Guerrero Ruiz al ministro Rappaccioli.

“Casi nada. Salvo la pírrica economía en petróleo que obtendrá Nicaragua al disminuir la importación de este producto”, se responde Guerrero Ruiz, quien en los años cincuenta estuvo al frente de la construcción de la planta Centroamérica de la estatal Generadora Hidroeléctrica S.A. (Hidrogesa).

Dice que Rappaccioli en este orden le debe una explicación sincera al país respecto de los 200 megavatios de energía eléctrica que ahora existen en reserva, es decir, adicionales a los 524 Megawatts que Nicaragua demandó como máximo en 2009. Y es que eso dijo el ministro ante los diputados en su comparecencia de febrero pasado.

“Desafortunadamente, esa capacidad instalada en exceso a la demanda es producida por plantas termoeléctricas que usan combustible fósil (derivados del petróleo), nada halagüeño para Nicaragua”, estima Guerrero.

Recordó que Rappaccioli anunció mayor disponibilidad de energía en reserva este año cuando entren y estabilicen operaciones las plantas Nagarote, León y Puerto Sandino. “No indica, sin embargo, cuánto será el costo final del kilowatts generado por estas plantas y cuánto será el costo final al usuario que Disnorte y Dissur le cobrará”, señaló.

El ex directivo del INAA también lamenta que las diversas entidades del Estado anuncien proyectos de generación de energía eléctrica mediante sistemas hidráulicos en las aguas de los ríos Escondido, Coco y Prinzapolka, sin que hasta ahora se preocupen por instalar estaciones hidrométricas en dichos puntos (caída natural y artificial) “para poder determinar la potencia en kilowatts a instalarse”.

Además del precio final de la energía generada y entregada, llamó a tener más cuidado con Tumarín en cuanto a la depreciación anual del proyecto que, “según fuentes de Bancos Internacionales, sobrepasa en mucho los costos por kilowatts instalado”.

Precisó que la depreciación del proyecto Tumarín está calculada en 13 millones 800 mil dólares anuales, seguido muy de cerca por otro proyecto del MEM en el istmo de Rivas, Brito, cuya desvalorización alcanza los 12 millones de dólares al año.

Peligra generación de inundaciones
En su segunda misiva se refiere a Brito, del cual menciona que se debe tener cuidado con las estimaciones de la empresa que construye dicha obra, Hidroeléctrica Brito S.A., pues pretenden instalar una represa de 10 metros de alto para regular el caudal del Río San Juan en conexión con la desembocadura del Río Sábalos y ambos mantos superficiales tienen medidas distintas sobre el nivel del mar.

Explica que la obra contemplada por esa constructora para remediar ese detalle comprende construir una nivelación mediante caída de agua sobre una lámina de agua de cinco metros de profundidad, lo que sin duda, según Guerrero, “elevaría el nivel normal de la superficie de las aguas del Cocibolca en cinco metros más”.

Para Guerrero Ruiz, eso significa “una inundación de toda la costa periférica del Cocibolca en cinco metros más, inundación de la isla de Ometepe, Zapatera, Solentiname y las isletas (de Granada)”. También advierte que se reduciría drásticamente el caudal del Río San Juan.

“Desaparecerían pobladores enteros, tierras fértiles, muelles y otros”, agrega, y se pregunta: ¿Cuánto sería el daño causado al ambiente del Cocibolca y cuánto significa en pesos y centavos? ¿Estaría esta empresa económicamente solvente para asumir estos costos?