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El ex Contralor General de la República y aliado del partido de gobierno en la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín, afirmó que el presidente del CSE, Roberto Rivas, incurrió en malversación de fondos, al haber utilizado C$ 5.2 millones en “capacitación y verificación”, cuando los colegiados se los aprobaron para que contratara directamente la maleta electoral.

Rivas, titular del Consejo Supremo Electoral, CSE, admitió que le pidió a la Contraloría la contratación directa de las maletas electorales por C$ 5.4 millones, sabiendo que tenía suficiente material en sus bodegas para armarlas a la vez que reconoció que el dinero lo empleó en el proceso de verificación del Caribe.

El magistrado presidente solicitó la suma de C$ 1,980,000 para exclusión de procedimientos para la contratación de la impresión de 330,000 boletas que serían utilizadas en los pasados comicios de la Costa Caribe, pero lo que utilizó fueron C$194,683.50 que pagó a Inpasa.

Graves admisiones
Para Jarquín Anaya se trata de un caso atípico, porque no es normal lo ocurrido, ya que no es algo que se contemple en la ley. “Si el material ya existía y se pidió la exclusión, en el caso de que el titular del CSE no supiese, porque sus subalternos no le informaron a tiempo, demuestra una administración defectuosa”.

“Pero es evidente, por lo que él mismo dice, que sabía que sí había suficiente material para armar las maletas, y eso es más grave”.

“Lo que ocurrió es que dijimos: hagamos la solicitud de exclusión de procedimientos para la compra de maletas electorales, pero por otro lado, veamos si podemos ahorrar recursos ahí, y si podemos reconvertir estas maletas que dicen elección municipal, y a través de un proceso de adición de una calcomanía que diga Elección Regional en Atlántico, y así se hizo”, confesó el magistrado el martes en un programa de televisión.

Jarquín al respecto afirmó: “Cuando vos agarrás un recurso que está autorizado para una cuenta o tipo de gasto, y lo desviás para otro, eso se llama malversación (de fondos) y cae en el campo de lo penal”.

Rivas aseguró que el fondo electoral no tiene limitantes en cuanto a su manejo, y que “perfectamente bien” podía utilizar los recursos (C$ 5.2 millones) para cualquier otro evento relacionado con el proceso electoral regional, algo que para el ex contralor Jarquín no tiene cabida.

Obligado a respetar la ley
“Es extraño que se diga que se usó el dinero en capacitación y verificación, porque eso tiene que estar en el presupuesto y en las cuentas del CSE”, dijo Jarquín, en referencia al proceso de verificación del Caribe se dio en noviembre del año pasado.

“Si vos tenés recursos de libre disponibilidad, pues hay un poco más de margen en su manejo, pero si taxativamente (lo que pedís) es para adquisición de equipos, material, suministros, servicios o capacitadores, tiene que hacerlo de esa manera y ningún funcionario tiene autorización para hacerlo de otra forma”, aseguró el ex fiscal de cuentas.

A su parecer, los contralores deberían haberse reunido y ordenado una auditoría especial para ver qué ocurrió con el dinero.

“La única manera de verificar (si lo que dice el presidente del CSE es cierto) es a través de una auditoría que ya debería estar instruida, porque puede ser que a través de ella se encuentre mérito para una presunción, porque la Contraloría no puede hacer juicio, sino enviar su informe ante una instancia competente para ello”, indicó.

Lamentable menosprecio
“Los contralores en este momento, básicamente, no deben emitir más opiniones, ser muy prudentes y diseñar un plan de auditoría inmediata en el CSE, al período estrictamente de la campaña y elección del Caribe, para determinar qué pasó realmente, porque, definitivamente, hay muchas contradicciones que deben aclararse”, añadió.

El ex contralor lamentó la manera en que Rivas trata a la Contraloría, pues en otros países hubiese tenido serias consecuencias al burlarla de la manera en que lo hizo.

“En otros países, se ve a la Contraloría como una institución de mucho respeto, con un funcionamiento severo, y es por eso que los funcionarios públicos no se enredan y cumplen a cabalidad las normas de control”, dijo.

Convidados
Pero para el presidente de facto de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, la burla de Rivas no es lo más importante, sino que se logró que informara con exactitud lo que había ocurrido con los fondos y las enormes diferencias entre lo que proyectó como gasto para la elaboración de las boletas y lo que realmente costaron.

“Recordá que para nosotros el ámbito de trabajo es sobre el dinero que se gasta, y dice él que gastó menos, pues qué bueno que gastó menos, lo que pasó con el resto del dinero de la exclusión lo veremos con una auditoría a la ejecución presupuestaria”, dijo el colegiado, que permanece en su cargo junto a tres colegas más de manera inconstitucional.

“Hay una cosa extraña: Si sabía que tenía el material, ¿para qué pidió la exclusión? Es algo que sólo él verdaderamente sabe, pero lo cierto es que con todo y lo que se puede decir, es que hice bien cuando fui el único que me opuse a aprobar la exclusión de procedimientos”, dijo Argüello Poessy.

“Creo que quienes vengan a la Contraloría (luego de ser electos por la Asamblea), deben tomar en cuenta esta situación para considerar la aprobación de alguna exclusión del CSE pedida en el futuro. Debe ser cuidadosamente analizada”.