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Por lo menos 100 mil productores, micro, pequeños comerciantes y empresarios, podrían quedarse sin financiamiento este año, debido a la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Moratoria, que amenaza con afectar el crecimiento económico del país, informó René Romero, Presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas de Nicaragua, Asomif.

Para Asomif, la batalla todavía no está perdida y según Romero hay esperanzas de que la Asamblea haga una reforma.

“Hay quienes están de acuerdo, un diputado del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), no digo su nombre, nos dijo que es posible hacer una reforma y publicarlas las dos al mismo tiempo”, expresó.

La tarea no es fácil y reconoce que para lograrlo todavía hará falta cabildear más en la Asamblea Nacional y que además se le dé un carácter de urgencia a la reforma.

“La ley tiene tres meses de vigencia, por lo que tiene que ser una reforma de urgencia para que tenga efecto”, apuntó.

Adelantó que junto con el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, trabajarán con el Ejecutivo para la elaboración del reglamento de la nueva ley, para aclarar una serie de puntos que no quedan muy claros.

Entre esos puntos está el tratar de evitar que se beneficien de esta ley productores que no deben ser cubiertos por la misma..

“Lo que paralelamente estamos haciendo es que si mandan a publicar la ley, nosotros de inmediato vamos a trabajar con quien corresponda en la reglamentación de la misma. Hay muchos vacíos y eso se podría trabajar en un reglamento adecuado, para que no salgan clientes que no tienen nada que ver con esto”, indicó.

No obstante, el líder del movimiento de productores y comerciantes, conocidos como los “No Pago”, Omar Vílchez, aseguró que esta ley tiene definidos quiénes serán los beneficiados de la misma.

Agregó que ellos entregarán la lista de todos los productores afiliados a este movimiento a las diferentes entidades de microfinanzas.

Aunque advierte que la ley es de aplicación general y que ellos no pueden responder por el resto de deudores en mora que no pertenecen a su grupo.

Silencio presidencial
El silencio del Presidente en torno a esta ley ha sido interpretado a su manera por las dos partes. Las microfinancieras lo consideran como una forma de negociar una reforma en la Asamblea Nacional y los deudores como una manera de obligar a dichas instituciones a iniciar el proceso de reestructuración de los adeudos.

Las microfinancieras continúan rechazando la ley en lo relativo a imponer techos a las tasas de interés, y al papel que se le da a la Dirección de Defensa del Consumidor, adscrita al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific.

Para las microfinancieras, la situación es crítica, afirma Romero, porque considera que cada día las opciones para obtener recursos financieros del exterior se reducen.

“El año pasado teníamos una deuda de 200 millones de dólares con diferentes fuentes. Se pagaron 40 millones, en el entendido que con eso obtendríamos más líneas de crédito, pero no es así”, sostuvo.

Explicó que esto se debe a que los proveedores de fondos “consideran que no hay ambiente de negocios y no están dispuestos a arriesgar su dinero; nadie quiere poner un dólar en Nicaragua”.

Deben pagar financiamiento externo
Dijo que para este año existe un compromiso de las instituciones de Asomif de pagar otros 70 millones de dólares, “sin incluir el Banco del Éxito, el banco Procredit y la financiera FAMA”.

Aseguró que “sólo la entidad que dirijo tiene que pagar 10 millones de dólares”, un dinero que, según afirmó, no se traducirá necesariamente en más fondos de crédito, lo cual reducirá las posibilidades de colocarlos en el sector productivo.

Al hacer un balance de 2009, Romero sostiene que en términos generales hubo una reducción de colocación de crédito de por lo menos 90 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento de 16 por ciento en clientes, mientras que en cartera, la caída fue de entre el 12 y 13 por ciento.

De continuar esta tendencia, “tendrá un efecto en el crecimiento económico proyectado por el gobierno, que habla de más del uno por ciento”, dijo.

Planteó la situación como difícil, porque la banca nacional no podría asumir el crédito de miles de pequeños productores que dejen sin financiamiento las microfinancieras.