Rafael Lara
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Ordenar y normar algunas actividades de la industria de zona franca es la pretensión de organismos sindicales que desde hace un año introdujeron en la Asamblea Nacional, una reforma al funcionamiento de estas empresas, que con sus estrategias pueden llegar a quedar exentas de pago de impuestos a perpetuidad.

Miguel Ruiz Estrada, secretario general de la Central Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, comentó que la reforma a la ley creadora de las zonas francas duerme el sueño de los justos, y hasta el momento sigue fuera de la agenda parlamentaria.

Según el sindicalista, esta ley, creada en 1991, en la actualidad necesita cubrir diversos vacíos. Uno es la facilidad con la que estas empresas evaden el pago de impuestos, luego de cumplido el período de gracia de 10 años.

Lo establecido les exime del cien por ciento del pago de IR, durante los primeros 15 años de operación en empresas operadoras, exención de impuestos por ventas, ganancias de capital y bienes inmuebles, exención de impuestos por constitución, reorganización, fusión y reestructuración de la sociedad mercantil, exención de impuestos para la importación de materias primas, equipos y demás accesorios necesarios para la operación de planta, exención de impuestos indirectos de ventas o selectivos de consumo, exención de impuestos municipales, así como exención de impuestos de exportación.

Pasada la década, en el undécimo año ya ellos tienen que iniciar los pagos establecidos, con la facilidad de que tienen una rebaja del 40 por ciento de los aranceles. Sin embargo, también la ley les da la opción de cambiar de razón social.

Indicó que están claros de que el gobierno debe dar facilidades a las empresas haciendo atractivo su establecimiento para que sean generadoras de los empleos que tanto necesita nuestro país, sin embargo, considera que están abusando.

“Vemos al gobierno muy debilitado para establecer mecanismos que protejan no sólo los derechos de los trabajadores, sino también los del Estado. Por eso en la reforma demandamos mecanismos regulatorios que deben establecerse a través de las leyes. Una de las propuestas es que, al establecerse una de estas empresas, se les imponga un fondo de compensación que garantice la liquidación de los trabajadores en caso de cierre de operaciones”, señaló.