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En manos de la juez tercero de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria, Gertrudis Rosario Gaitán, está la decisión de mandar al interno Gerardo Giovanni Cabezas Brenes a pasar los últimos días de su vida al lado de sus familiares, o dejar que éste expire en una cama del hospital de la Cárcel Modelo de Tipitapa.

Un argumento estrictamente legal y nada humano impide a la judicial tomar una decisión que favorezca a Cabezas Brenes, afectado por un tumor maligno que se le descubrió en la cabeza, y que le ha ocasionado parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y pérdida progresiva de la memoria.

El privado de libertad fue condenado a 10 años de presidio tras ser encontrado culpable del delito de tráfico de estupefacientes. A los condenados por este delito, la Ley 285 niega cualquier beneficio que reduzca su pena.

Nueva valoración
“Me dijeron que no tengo alternativa, que debo estar fuera de la cárcel”, afirmó Cabezas Brenes, poco después de salir de una clínica del Instituto de Medicina Legal, donde ayer fue sometido a una nueva valoración ordenada por la judicial Gaitán Pavón.

Cabezas Brenes está claro de la gravedad de su enfermedad, pero de lo que no está claro es por qué si su situación es tan grave, no le permiten pasar los últimos días al lado de sus familiares.

“Si hasta mis compañeros de galería se pusieron el huelga de hambre para que me dejaran ir”, asegura, mientras esperaba en un pasillo de Medicina Legal el transporte que lo regresara a la Cárcel Modelo de Tipitapa, donde cumple su condena.

Es injusto
Fuera del Instituto de Medicina Legal, Marisol Cabezas Brenes, hermana del privado de libertad, esperó poder ver a su hermano “aunque fuera de largo”. Entre sollozos comentó a EL NUEVO DIARIO que le parecía injusto que mientras el ex presidente Arnoldo Alemán fue beneficiado con la figura de convivencia familiar por padecer un uñero, a su hermano se le apaga poco a poco la vida dentro de la cárcel. “Es realmente injusto”, señala.

“Ya no puede caminar y habla cosas incoherentes”, asegura, mientras trata de demostrar con un legajo de documentos el grave estado de salud de su hermano.

Marisol no está cuestionando los años de presidio a que fue condenado su hermano --aunque asegura que no es responsable del delito de que lo acusaron--, lo que no le parece es cómo las autoridades judiciales no pueden sensibilizarse ante una realidad. “Yo lo que quiero es que podamos atenderlo nosotros en la casa durante el poco tiempo que le queda de vida”.

Desde que se le detectó el cáncer del tipo conocido como Glioblastoma multiforme, Gerardo Cabezas fue sometido en cinco ocasiones a cirugías para extirparle el tumor, pero no hay forma de detener al mal. “Aunque se lo saquen siempre crece”. Un dictamen del Instituto de Medicina Legal practicado en septiembre del año pasado, concluyó que el interno sufre de un “tumor cerebral de carácter maligno con alta mortalidad y mal pronóstico”.

Violan derechos humanos
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, solicitó a la judicial Gaitán Pavón tomar medidas que garanticen al privado de libertad un “trato humano”, según declaró el abogado Carlos Guadamuz.

Aseguró que se trata de una clara violación de los derechos humanos del interno. “Va contra los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”, afirma Guadamuz, para quien la Ley de 285 es inconstitucional.

“Lo que la judicial debe hacer es decidir un beneficio para el interno, declarar lo inconstitucional de la Ley e informar a la Corte Suprema de Justicia”, aseguró el abogado, miembro del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Solidaridad
El pasado sábado, 40 internos con enfermedades crónicas dejaron de consumir alimentos como una forma de presionar a las autoridades del Sistema Penitenciario para que busquen una alternativa a Cabezas Brenes.

“La huelga de hambre” no prosperó luego de que funcionarios del sistema persuadieron a los internos a que desistieran de su protesta, por el daño que el ayuno causaría a su salud. “A pesar de ello, continuaron con la acción de solidaridad hacia su compañero de celda”, aseguró la procuradora especial de cárceles, María Auxiliadora Urbina.

Urbina mostró sus esperanzas de que la juez Gaitán Pavón tome una decisión “que beneficie al interno”. Según Urbina, la Procuraduría debe tomar su decisión sobre la base del respeto a los derechos humanos del interno.