•  |
  •  |
  • END

La ex notaria principal de la Procuraduría General de la República (PGR), Morena Avilés Serrano, acusó a esa institución de ocultar información sobre supuestos funcionarios públicos del actual gobierno que estarían involucrados en el tráfico de propiedades estatales.

Según nota de prensa de la Procuraduría, Avilés Serrano fue acusada por la institución como autora de estelionato y de falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado y de personas particulares, que supuestamente dieron lugar a transacciones ilícitas sobre propiedades del Estado, en las que ella, según la PGR, operaba “como un importante miembro de la red de traficantes de tierra”.

Avilés Serrano negó ante EL NUEVO DIARIO las acusaciones y la información oficial, que indicaba que ella había sido detenida por la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, donde habría revelado detalles de la presunta red en la que operaban gestores de diligencias judiciales, abogados y hasta funcionarios de gobierno.

Colaboró, no “sopló”

Por el contrario, aseguró que ella por su propia voluntad colaboró con la Procuraduría Penal en investigaciones sobre el citado tráfico de tierras donde, según la denunciante, están involucrados altos funcionarios de gobierno cuyos nombres, a su juicio, están siendo ocultados por la PGR.

“Dicen que me detuvieron las autoridades policiales y que en las interrogaciones brindé información sobre una supuesta red a la Policía. Quiero aclarar que en ningún momento fui detenida, simplemente fui llamada por la PGR a una entrevista privada con el señor procurador Iván Lara, quien me pidió colaborar con investigaciones que ellos están realizando sobre supuestos tráficos de propiedad”, dijo la ex funcionaria.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que Avilés Serrano fue detenida y entrevistada por la Dirección de Auxilio Judicial el pasado 17 de enero, por orden del Juzgado Quinto de Distrito de Juicio, ya que enfrenta una acusación impulsada por el Ministerio Público y por la Procuraduría.

“Ella enfrenta un juicio por delitos de estelionato y otros, vinculados a problemas de propiedad, pero no está vinculada a la captura de Edgard Antonio Acuña y Dolores de Jesús Rodríguez”, dijo escuetamente la fuente policial. Acuña y Rodríguez fueron acusados por la PGR por falsificar la firma del procurador Hernán Estrada, por alterar documentos de la Procuraduría e intentar inscribir con documentos falsos propiedades del Estado a nombre de terceras personas.

Hasta con el Cardenal
Avilés Serrano, quien fue separada del cargo bajo la administración del ex procurador Alberto Novoa, en 2006, señaló que a raíz de las denuncias en su contra, ella realizó una investigación propia donde aparecen vinculados funcionarios de la PGR, del Banco Central de Nicaragua, de la Intendencia de la Propiedad, del Ministerio de Gobernación y hasta de la actual Comisión de Paz y Reconciliación que preside el cardenal Miguel Obando y Bravo.

Alberto Novoa, el ex procurador que inicialmente la denunció ante la Policía Nacional, confirmó que la abogada fue objeto de una investigación por traficar con propiedades del Estado, aprovechándose de su acceso a la información estatal.

“Yo estuve en la investigación y ella tuvo muchos líos con eso de la propiedad, pero eso quedó en manos de la Procuraduría y no sé quiénes más aparecen involucrados”, dijo Novoa.

Por su parte, la ex funcionaria aludida prosiguió denunciando a la PGR: “Yo hasta tengo un documento que le entregué a Iván Lara, donde denuncié muchas cosas y a muchas personas involucradas en situaciones de la Propiedad. ¿Por qué lo hice? Porque han transcurrido dos años en los cuales se me ha señalado como la única responsable de una red de robatierras”, dijo la ex funcionaria, quien señaló a los funcionarios de la Procuraduría Penal, César Guevara y Óscar Gutiérrez, de conocer de cerca junto a Lara, a las personas supuestamente involucradas en acciones fraudulentas en perjuicio del Estado.

Expuesta al peligro
“Yo les señalé todo a ellos, a todo el aparato de la Procuraduría Penal, durante nueve horas colaboré con ellos, y ahora me denuncian como que yo brindé información bajo coacción, cosa que no es cierta”, insistió la ex funcionaria.

Ella acusó al procurador especial penal Iván Lara y a la PGR de exponerla al peligro, al presentarla como “soplona” de una “mafia de robatierras”, por lo cual desde ayer responsabilizó a la institución de cualquier cosa que le pueda pasar a ella o a su familia.

“Le recuerdo al señor Lara todo lo que platicamos en privado, y que recuerde que dijo que mantendría en sigilo mi colaboración porque se trata de personas con vínculos de poder que están en funciones de gobierno, y pueden hacer cualquier cosa en mi contra, pero ahora me expone como soplona, así que desde ya responsabilizó a la PGR de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia”, insistió la ex abogada del Estado.

Avilés aseguró que ella entregó un documento a Lara donde señala a varias personas de estar involucradas en supuestas irregularidades con propiedades del Estado, y que a la fecha ignora qué ha pasado con las investigaciones a esas personas.

¿Red rodea a Estrada?
“Ellos tienen pruebas contra esas personas, hay investigaciones contra esas personas, hay nombres y apellidos, ¿por qué no los denuncian? Hay funcionarios en el Ministerio de Gobernación, incluso hay personas que trabajan en solución de problemas de propiedad con la Comisión de Reconciliación y Paz del cardenal Miguel Obando, que indaguen por ejemplo a Claudia Vásquez, ellos en la PGR saben quién es, hay pruebas contra ella, y aún así está en el cuarto piso del Ministerio de Gobernación. ¿Quién la protege? Que lo diga Hernán Estrada”, insistió la aludida abogada.

Avilés también denunció a la procuradora de la propiedad, Magaly Bravo, de brindar información a Vásquez y a otros abogados, a terceras personas, sobre bienes del Estado en situación de “limbo jurídico”.

“Ellos denuncian una red, pero me acusan sólo a mí, pero el señor Estrada despacha con funcionarios, en su propia oficina, que están involucrados con esas denuncias, si no, que investiguen cómo es que falsifican su firma y sus sellos y tienen acceso a la base de datos de las propiedades del Estado”, insistió la ex funcionaria, quien aunque no presentó pruebas de sus acusaciones a EL NUEVO DIARIO, aseguró tenerlas a mano y presentarlas “en su debido momento”.

“El procurador Estrada se reúne con altos funcionarios de este país, magistrados, viceministros, de los cuales di nombres y apellidos y hay pruebas, a los que ellos no denuncian. ¿Por qué? Porque son poderosos, y yo, una ciudadana común, soy el chivo expiatorio para que ellos salgan en los medios diciendo que están combatiendo la corrupción”, acusó la mujer.

PGR sigilosa
Al ser consultada la PGR sobre la grave denuncia de Avilés, el procurador Estrada, por medio de la oficina de prensa, dijo escuetamente que las investigaciones seguían su ritmo y que no revelarían más detalles de las mismas.

“Para la PGR son irrelevante los nombres de quienes estén involucrados; lo importante es la lucha en contra de quienes están en esa red de tráfico de tierra y detenerlos. El objetivo de este tema es concienciar a la ciudadanía sobre esta problemática, y evitar que el tráfico de tierras afecte el bienestar y la seguridad jurídica del país. Estamos trabajando para contribuir al ordenamiento de la propiedad”, dijo el procurador.