Luis Galeano
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La ex subdirectora Administrativa Financiera de la Contraloría General de la República (CGR) y hoy propietaria del Tribunal Tributario Administrativo, Guadalupe Mejía, ordenó el desembolso de decenas de cheques a favor de Franklin Basset, aun cuando había sido advertida de que las cotizaciones y documentos que presentaba para cobrar reparaciones de equipos informáticos, estaban alterados o eran falsos.

Basset y los señores Guillermo y/o Alfonso Cajina recibieron centenares de miles de córdobas de parte de la Contraloría por reparar equipos informáticos, servicios por los que cobraban enormes sumas. La anomalía se descubrió cuando lo reparado a los pocos días estaba inservible otra vez, de acuerdo con una Auditoría Interna de la CGR.

Documentación que tiene EL NUEVO DIARIO en sus manos y las investigaciones policiales que se realizan en el ente fiscalizador, señalan que la advertencia de las irregularidades en las cotizaciones y demás documentos, la hizo el responsable de Oficina de Presupuesto de la CGR, Francisco Javier Caldera, en noviembre de 2006, pero no hubo quien detuviera los desembolsos a favor de Basset.

El informe de auditoría practicado por la Unidad de Auditoría Interna del ente fiscalizador que revisó las cuentas del período que va de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006, señala que autoridades administrativas y financieras de la CGR desembolsaron un millón 139 mil 258 córdobas para cancelar la reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras de esa entidad, teniendo como base documentos falsos.

Los responsables de los desembolsos fueron el director administrativo, René Ruiz Tablada; Guadalupe Mejía, ex subdirectora administrativa; Álvaro Altamirano Padilla, responsable financiero (interino); Enrique Gómez, responsable administrativo, y Benito Ortiz, responsable de contabilidad.

Le seguían rastro a cheques desde hace rato
Caldera, en un memorando dirigido al entonces director interino de la División Financiera, Álvaro Altamirano Padilla, pariente político del presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, el 6 de noviembre de 2006 le señaló que había detectado las anomalías en las cotizaciones a Guadalupe Mejía, pero que ésta, a pesar de ello, autorizó los desembolsos.

Pero no sólo eso, pues en el documento Caldera refiere que a los pagos a nombre del señor Franklin Basset se les venía dando seguimiento desde meses atrás, debido a que se trataba de grandes desembolsos que en 2006 habían totalizado 368 mil 397 córdobas, a razón de 33 mil 490 córdobas que se erogaban como promedio al mes, lo cual era altamente sospechoso.

La suspicacia --señala Caldera en su escrito-- lo empujó a consultar vía telefónica una cotización a la empresa Roberto Terán sobre un pago que se realizaría a Basset, y como resultado de esa llamada le respondieron que no habían realizado ninguna cotización, y le remitieron por fax la constancia de ello.

“De inmediato, como usted (Altamirano Padilla) no estaba, procedí a comunicarle a la Lic. Guadalupe Mejía que no pagara dicho cheque (comprobante 003794-adjunto-) ya que las cotizaciones no estaban en orden, y me preocupa que este cheque se haya pagado aun sabiendo que esta situación viola los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y las NTCI (Normas Técnicas de Control Interno), y que se estaba informando por nuestra parte”, dice el documento de Caldera.

Altamirano Padilla, con todo y que se encontraba involucrado como auditado en la Auditoría Interna, fue ascendido a propuesta de su pariente, el contralor Montenegro, al cargo de Subdirector Administrativo Financiero, en sustitución de Mejía cuando ésta renunció para ser nombrada miembro del Tribunal Tributario.

El memorando de Caldera lo hizo “para dejar constancia de que se ha venido trabajando con la Oficina de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, y junto a la Dirección de la División Financiera de forma muy coordinada, y es por esta razón que le solicito se deslinde cualquier responsabilidad para con este caso en mención”.

EL NUEVO DIARIO intentó ayer comunicarse con Mejía a como lo hizo el lunes pasado, pero esta vez no respondió nuestras llamadas. En esa ocasión, Mejía se mostró sorprendida de la información publicada, pues asegura que nunca en la entidad superior de control le informaron sobre la auditoría interna.

“Me enteré de que estaban haciendo una auditoría, pero de los resultados no sé, no me los hicieron llegar, ni los hallazgos ni la contestación de hallazgos”, dijo la hoy miembro del Tribunal Tributario Administrativo.

Policía y Fiscalía saben desde diciembre
Desde diciembre del año pasado, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la República fueron informados por los contralores de las anomalías detectadas por la Auditoría Interna en este caso, en el cual, a juicio del colegiado Guillermo Argüello Poessy, “hay gato casero”.

Argüello señaló que la Auditoría Especial que aprobaron está en proceso, y que se ha orientado “no perdonar a nadie”.

“Remitimos los documentos en originales, para que una vez cotejados con las copias se nos devuelvan para que en nombre de los intereses de la sociedad ejerza su función de velar por el respeto y la preservación de los bienes del Estado y de los particulares e investigue tales hechos”, dice la carta enviada por los contralores el 6 de diciembre de 2007 al comisionado mayor Javier Obando, jefe de la División de Investigaciones Económicas, referida al caso.

Al fiscal Julio Centeno, en su comunicación fechada el mismo día, los contralores le piden que una vez cotejados con las copias “en nombre de la sociedad ejerza su función acusadora e investigue tales hechos”.

Extraoficialmente conocimos que los policías que han sido designados para este caso, llegan vestidos de civil a la CGR para no provocar zozobra entre los empleados del ente fiscalizador.