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La ex notario uno de la Procuraduría General de la República, Morena Avilés Serrano, siguió ampliando ayer sus denuncias contra funcionarios y ex trabajadores del Estado, a quienes acusa de permitir actos ilícitos y participar en una compleja red de traficantes de propiedades del Estado, provocando un verdadero escándalo entre aludidos y observadores del problema.

Avilés Serrano confesó a EL NUEVO DIARIO que altos personeros del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, de la Intendencia de la Propiedad, del Banco Central de Nicaragua, del Ministerio de Gobernación, de la Asamblea Nacional y ahora hasta del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) han participado, han permitido y han encubierto acciones ilícitas en contra de propiedades del Estado.

Según la denuncia inicial de Avilés Serrano, el actual diputado Salvador Talavera participaba con Claudia Vásquez, funcionaria de Gobernación y ex esposa del comandante de la Resistencia Nicaragüense, Benito Bravo, “Mack”, en el tráfico de información sobre propiedades del Estado por medio de contactos en la Procuraduría General de la República (PGR), en el Banco Central de Nicaragua y en el Invur.

“Tengo información de que Vásquez y otra señora abogada, de la que me reservo su nombre, pero que fueron acusadas judicialmente por un problemas de propiedad en San Rafael del Sur, llegaban incluso donde una funcionaria del Banco Central, identificada como Mercedes Salvatierra, a recoger información digitalizada de propiedades que estaban en poder de las Juntas Liquidadoras tras las quiebras bancarias”, denunció Avilés.

Tierras “aptas” para el robo
De acuerdo con la denuncia, Salvatierra y otra supuesta funcionaria cercana a Estelina López, también funcionaria del BCN --pero que posiblemente no estaba enterada--, extraían información del sistema de las Juntas Liquidadoras sobre propiedades que pasaron a manos del Estado tras la quiebra de los bancos, pero que estaban en condiciones “aptas” para ser negociadas.

Lo anterior fue respaldado con un documento que un supuesto afectado envió en forma de denuncia ante la doctora Carmen Flores, directora de Inspectoría Civil del Ministerio de Gobernación, y que ayer mismo se hizo circular entre los medios de comunicación.

“A la señora Vásquez y a otra abogada se les vincula como que realizaban escrituras falsas, haciendo comparecer de mentira a las Juntas Liquidadoras, apropiándose de innumerables propiedades, vendiéndolas o después negociando con el mejor postor, obteniendo información, documentación y apoyo de la doctora Magali Bravo, Procuradora de la Propiedad, en casa de quien (en la Colonia Centroamérica) se arreglaban documentos”, dice parte de la denuncia.

Aunque Avilés negó ser la autora de esa denuncia en concreto, sí insistió en que el diputado Talavera cooperaba con las supuestas involucradas al mandar campesinos a invadir las tierras que luego serían negociadas.

Coimas e influencias
“Hasta manejaban cajas enteras con cédulas y carnés de desmovilizados de la Resistencia con el sello de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, reforzó Avilés, quien insistió en que toda esa información ella se la proporcionó de manera voluntaria a la Procuraduría Penal, integrada por el procurador especial Iván Lara y por los investigadores César Guevara y Óscar Gutiérrez.

Al preguntársele cuáles eran las pruebas de sus denuncias contra los magistrados Rafael Solís, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Orlando Lúquez, del Tribunal de Apelaciones de Managua, la ex notaria del Estado dijo que el primero protegía a Vásquez, y que el segundo le cobró una coima a cambio de una sentencia favorable, de lo cual dijo tener testigos y pruebas.

“La señora Vásquez llamaba al magistrado Solís, se ufanaba de sus influencias, y hasta en un momento, en un juicio, a un juez lo destituyeron porque no obedeció unas órdenes emanadas de muy alto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y todo eso se puede investigar en los expedientes y entrevistando a las personas que yo señalo”, explicó Avilés, quien justificó sus denuncias diciendo que la Procuraduría la quería presentar como un chivo expiatorio del problema de la propiedad, “cuando la red está dentro del gobierno y sus instituciones”.

Igual dijo que supo, en su papel de ex notaria, de supuestas actuaciones irregulares del ex intendente Alfonso Sandino, y de otras personas allegadas a él, incluyendo a un ex desmovilizado de la Resistencia que usa prótesis en sus brazos, de quien, según ella, recibió “filas de denuncias en contra”,
Hasta sangre hubo
Incluso llegó a decir que en esas actuaciones hasta sangre de por medio hubo, ya que “Sandino emitió innumerables asignaciones sobre una misma propiedad a varias personas, que al encontrarse en el lugar se liaron a tiros y a machetazos”.

Tanto Solís como Lúquez y Talavera negaron las imputaciones de la ex notario, quien retó al diputado a despojarse de su inmunidad para enfrentar un juicio por injurias y calumnias, ya que el legislador acusó a Avilés de haberle cobrado siete mil dólares por gestiones de negocios que la ex funcionaria supuestamente no cumplió.

Por su parte, Claudia Vásquez, funcionaria del Ministerio de Gobernación, negó estar involucrada en el caso y tomó distancia de las acusaciones. Ella aseguró que fue esposa del dirigente de la Resistencia, Benito Bravo, quien trabaja en la Comisión de Paz y Reconciliación que preside el cardenal Miguel Obando y Bravo, pero que ya no tiene que ver nada con él.

“Desconozco por qué me involucra a mí en sus problemas, ella fue mi abogada con una propiedad que tuve en San Rafael del Sur, pero cesamos toda relación cuando ella entró a la PGR. Tuve un problema judicial con la Alcaldía de ese municipio, pero lo libré favorablemente y no pasó a más, me extraña ahora que me quiera involucrar en cosas que yo no tengo nada que ver”, insistió la aludida.

Denuncia en el Cenidh
Pero mientras ella, al igual que los otros aludidos niegan vínculos con la denuncia presentada por la ex notario del Estado, Avilés insistió que brindó toda esa información en carácter de colaboración y bajo promesa de sigilo, al equipo penal de la PGR.

Avilés ayer se presentó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a denunciar acoso, persecución y daños a su integridad por parte de la Procuraduría.

El escándalo sobre la supuesta red de traficantes de propiedades estatales estalló luego de que la Procuraduría anunciara la captura de tres personas acusadas de falsificar firmas, sellos y documentos del procurador Hernán Estrada para tratar de traspasar bienes estatales a terceras personas.

Hasta en la alcaldía
EL NUEVO DIARIO conoció ayer que la Policía Nacional sólo espera los resultado del Laboratorio de Criminalística, que determinará si los documentos, las firmas y los sellos son falsos, para que luego el Ministerio Público y la Procuraduría procedan judicialmente en contra de Dolores de Jesús Rodríguez y Edgard Antonio Acuña, los dos acusados por la PGR.

Sin embargo, una fuente policial aseguró que las evidencias a todas luces muestran que estas personas incurrieron en el delito de falsificación de documentos, los que utilizaron para solicitar la certificación de una propiedad de una cooperativa en Salinas Grandes.

Dolores Rodríguez labora en la Alcaldía de Managua, en el Registro Civil de las Personas. Por su parte, Edgard Antonio Acuña se desempeña como abogado particular.

Ambos ya rindieron su respectiva declaración en la Dirección de Auxilio Judicial.

Aunque su caso nada tiene que ver con el de Rodríguez y Acuña, la fuente expresó que Morena Avilés Serrano igual está siendo señalada de falsificación de documentos, su causa ya está en los juzgados y posiblemente vaya a juicio.

“Avilés Serrano anduvo gestionando, certificando y legalizando tierras con documentos falsos”, sostuvo la fuente.

“Cómplices”

La denuncia de la ex notaria principal de la Procuraduría General de la República (PGR), Morena Avilés Serrano, provocó la reacción del diputado José Pallais, Presidente de la Comisión Anticorrupción, quien asegura que “es probable que en la Procuraduría laboren personas que se hayan prestado para favorecer a los traficantes de las propiedades del Estado”.

“Todo eso no se puede hacer desde afuera, tiene que haber un cómplice para hacer desde lo más sencillo, que es robarse un papel membretado, hasta falsificar una escritura”, expresó el legislador liberal.

Pallais considera que “existen suficientes elementos para concluir que en las diferentes instituciones del Estado, Intendencia de la Propiedad y Procuraduría, entre otras, hay muchos documentos falsos circulando, y es lógico que hay cómplices”.

El legislador se basa en las investigaciones que realizó en una comisión legislativa sobre denuncias por extorsión en contra de Gerardo Miranda, quien fue nombrado cónsul en Liberia, Costa Rica, por el gobierno sandinista, y quien supuestamente ofrecía los oficios de las instituciones del Estado a cambio del pago de millones de dólares.

(Colaboración de Heberto Rodríguez y Matilde Córdoba).