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Luis Manuel Morales, de 49 años, y Julio César Pavón, de 48, acusados de tráfico interno de estupefaciente, fueron los “premiados” con la suspensión de las actividades laborales en los Juzgados hace dos días.

Esto porque la jueza Gertrudis Arias los dejó libres bajo el argumento de que el término para ser presentados ante su autoridad estaba vencido.

“No podemos justificar la no realización de la audiencia dentro de los términos --de ley--, en todo caso este Juzgado asume tal responsabilidad y las consecuencias”, dictó la judicial, quien acto seguido ordenó la libertad de los acusados.

Según Arias, la no celebración de la audiencia preliminar el pasado martes no puede ser atribuible a motivos de fuerza mayor, “y cada judicial es responsable de sus hechos”.

Esta decisión provocó la inconformidad de la fiscal auxiliar, Massiel Briceño, quien señaló que no es responsabilidad del Ministerio Público que el día anterior --martes-- la mayoría de los jueces hayan decidido marchar.

Con las manos en la masa

A los dos imputados la Policía los capturó el sábado 17 de abril con 1,825 gramos de marihuana envueltos en cuatro bolsas plástica que uno de los procesados ocultaba entre los genitales.

Las detenciones de Morales y Pavón fueron formalizadas después de las cuatro de la tarde de ese día, mientras la Fiscalía acusó el lunes 19 del mismo mes, por la mañana, dentro del término de las 48 horas que tienen para hacerlo, según el expediente judicial.

La marcha de los empleados judiciales frente al hotel Holiday Inn, el martes, impidió la celebración de la audiencia preliminar para los reos en las 24 horas subsiguientes a la acusación, período durante el cual se debe celebrar la vista.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió la prisión para los reos, pero la juez dijo que no estaba obligada a imponerla.

La decisión de la jueza Arias contraviene lo establecido en la Ley Antidrogas, donde se establece que en los delitos de narcotráfico la única medida que deberá ser impuesta a los acusados es la prisión preventiva.

Además, la sentencia número 10 del 28 de mayo de 2004, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, establece que los judiciales no son responsables de las actuaciones de las otras autoridades --Fiscalía y Policía-- debiendo ejercer su acción jurisdiccional.