Tatiana Rothschuh
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SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN

Los representantes de Centro Humboldt, Fundación del Río, Proyecto Socioecológico (Prosoco) de León, e Hijos del Río, emitieron un pronunciamiento a través del cual condenan y rechazan rotundamente el fallo de la Sala IV Constitucional de Costa Rica, de declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto en contra de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto Minero Crucitas.

Para los líderes ambientalistas, el tribunal costarricense ha hecho “caso omiso a los múltiples cuestionamientos técnicos y jurídicos que han sido planteados por diferentes actores costarricenses y nicaragüenses, y a sabiendas de que tal proyecto alterará la naturaleza y afectará de manera negativa e irreversible los ecosistemas”.

La empresa Industrias Infinito S.A., desarrollará el proyecto en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

“Nos solidarizamos y apoyamos todas aquellas acciones de lucha emprendidas por las organizaciones de Costa Rica que tratan de frenar un inminente desastre ambiental, cuando se inicie la explotación minera de oro a cielo abierto en esa zona”, plantean en el comunicado.

Los líderes de las ONG exigen al Gobierno de Nicaragua, “tomar cartas en el asunto, para que se demande al Estado de Costa Rica por las posibles violaciones al derecho internacional ambiental que comprometen la soberanía del país, el derecho comunitario a habitar en un ambiente saludable y que la actividad que realice este país no ocasione daños a terceros”.

Plantean revisar concesiones locales Asimismo, demandan el cumplimiento de la Resolución sobre las concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan y el Proyecto Minero a Cielo abierto “Crucitas”, aprobada el pasado 23 de septiembre de 2009 por la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en la cual se solicita  a los legisladores costarricenses, la revisión y derogación del decreto legislativo en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Las Crucitas.

En el proyecto se exhorta al Gobierno de Nicaragua a revisar las políticas de promociones y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que pueden contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a estos ecosistemas.

Para los ambientalistas, existe “incoherencia en las políticas públicas que dictan los gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua, dado que distan de la realidad que se vive, donde por un lado suscriben convenios y acuerdos centroamericanos en materia de conservación de la biodiversidad y el medio ambiente, y por otro lado, otorgan licencias y concesiones de actividades mineras, de las cuales se conoce claramente sus efectos nocivos a los recursos naturales que dicen deben ser protegidos”.

Llamado a movilización ciudadana Para concluir, hacen un llamado a la organización y movilización ciudadana nacional como un medio fundamental para frenar la realización de la actividad minera en la cuenca del Río San Juan.