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El dominio del partido de gobierno en los poderes del Estado y la falta de respeto al Estado de Derecho, están hundiendo a Nicaragua económica, social y políticamente, violando los derechos ciudadanos, según representantes de organizaciones no gubernamentales conglomeradas ayer en la Conferencia sobre Libertad de Asociación.

La coordinadora del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera, indicó que es evidente que estamos en un proceso de años de involución o regresión democrática, que se expresa gravemente con la excesiva partidización de los poderes del Estado, reflejado en las constantes violaciones a la Constitución de la República y a las leyes del país.

“Esto impacta en la situación socioeconómica del país, no sólo por el alejamiento de programas de la cooperación internacional, sino también por el clima negativo para la inversión. Un dato es que un poco más del 70% de los empresarios han identificado como los mayores problemas para la inversión en el país, la corrupción y la inestabilidad política”, dijo Granera.

Las declaraciones fueron brindadas luego de la conferencia sobre “Libertad y derecho de asociación”, desarrollada en un hotel capitalino, en el cual participaron especialistas y organizaciones de sociedad civil de todas las regiones del país.

La coordinadora del Movimiento por Nicaragua dijo que el derecho a la libre asociación está vinculado con el derecho a reunión, al acceso de la información, al derecho de la libre expresión y a la libre movilización. Pero todos estos derechos se han visto vulnerados más evidentemente en los últimos años.

Por su parte Denis Darce, Director de Proyectos y Capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, refiriéndose a la protección de éstos, asegura que en los últimos días fue patente la debilidad del Estado para poder garantizarlos.

“El hecho de que la Policía Nacional se haya declarado limitada en su capacidad, refleja la debilidad de las instituciones del Estado porque no se están rigiendo por los principios constitucionales, ni por las leyes, sino por criterio eminentemente políticos y partidarios”, alega Darce.

Por otra parte, señala que, en Nicaragua, ni siquiera las organizaciones de derechos humanos están seguras, ya que el partido de gobierno busca identificarlas con tendencias políticas como parte de la campaña orteguista para denigrar a las organizaciones que procuran que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos.