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El Seguro Social no puede quebrar, pues es un deber del Estado nicaragüense garantizar su existencia, sostiene el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua, Donald Castillo, citando la Constitución Política, que en su artículo 61 dice que “el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral”.

Más adelante, en el artículo 105, la Constitución establece claramente que “los servicios de educación, salud y seguridad social son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlo sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos”.

De esta forma, Castillo responde a las proyecciones del doctor Gustavo Porras, dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores y diputado ante la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista, quien augura una quiebra técnica en 2017.

Por su parte, el conocedor en temas de Seguridad Social, Jorge Toledo, reiteró que efectivamente existe un riesgo para el INSS desde el punto de vista actuarial, pero que esto es más bien debido al mal manejo que se ha hecho de la institución por parte de las autoridades que han estado a cargo.

Aseguró que la salida a la crisis es sencilla; “hay que sacar al Seguro Social del gobierno. Tienen que dejar de saquear al INSS. Podés hacer todas las reformas paramétricas, alargar la edad de retiro, aumentar las pensiones, incluso podés llegar a no pagar las pensiones, pero poco se logra mientras se siga manejando el INSS de esa manera”.

Propuso que este problema se podría resolver si se crea una entidad reguladora y contralora para este instituto, que permita utilizar mejor los recursos con que cuenta.

Dijo que hay muchas propiedades que no el INSS no está utilizando y que podrían generar ingresos a la institución.

Porras canta cero a pensiones mínimas
El diputado Gustavo Porras dio el puntillazo a las pretensiones de muchos ciudadanos que no completaron sus 750 cotizaciones que establece la ley para recibir una pensión, al declarar que financieramente es imposible cumplir con este reclamo.

“Hay una cosa que se llama pensión mínima, se hacen los cálculos que tiene que ver con la gente que no llegó a las 750 cotizaciones, pero desde el tiempo de doña Violeta (Barrios de Chamorro) ella intentó abolirlo. Entiendo que eso es un problema de tipo económico que hay que verlo, porque no hay forma de cubrirlo financieramente”, indicó Porras.

Inicialmente, el reglamento de la Ley 974 (Ley de Seguridad Social, decreto 975) decía que “en el caso de que el asegurado no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado como mínimo un tercio de dicho período, tendrá derecho a una pensión equivalente a dos tercios del salario mínimo vigente en la actividad respectiva, más las asignaciones correspondientes”.

Este artículo fue reformado en 1994, por el decreto 38-94, de septiembre de 1994, en el que se eliminó todo este párrafo.

Sin embargo, los legisladores no lo eliminaron de la ley, por lo que todavía sigue vigente, afirma Donald Castillo.

El artículo 49 de la Ley de Seguridad Social establece que “podrán concederse pensiones reducidas no menores del 40 por ciento del salario prescrito para aquellos casos en que habiendo el asegurado cumplido la edad de retiro, no haya cumplido el período de calificación, siempre que acredite como mínimo absoluto 5 años de pago de cotizaciones”. En los registros de la Asamblea Nacional no hay ninguna reforma a este artículo de la ley.

Que Estado asuma pensiones de guerra
Jorge Toledo refutó la tesis de Porras, asegurando que el programa de atención a las víctimas de guerra tiene un superávit. Todos son víctimas de guerra que están siendo pagados por el INSS.

“La ley dice que cualquier superávit que haya tiene que ir a las reservas generales del Seguros Social, que agarren ese dinero y que le paguen a esos ancianos”, expresó.

Por su parte, Castillo, quien reconoce que las pensiones a los lisiados de guerra y a las madres de héroes y mártires son totalmente justa, dijo que el pago de esas pensiones también tiene que ser asumido por el Estado.

Agregó que también se deberían de transferir al bolsón de las pensiones las ganancias que generan las inversiones que hace el INSS, como la construcción de casas, de lo que no se sabe qué pasa.

Castillo sostiene que son alrededor de 53 mil personas que están en esa situación, de los cuales “una gran parte ya han muerto, otros se han ido del país”.